Objetivo neutralidad de emisiones en 2050: La Ley de Cambio Climático en camino al Congreso

Imagen: Marek Studzinski – Pixabay

España fija por ley sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 en un 20% respecto a los niveles de 1990.

*Actualización 19 de mayo de 2020 – 20:30 horas
Análisis y reacciones:

A 19 de mayo de 2020 el Consejo de Ministros del gobierno español ha anunciado que, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE) es enviado a las Cortes. Un paso que llega de manos del actual gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemas y cinco años después de que el ejecutivo estatal, en aquel entonces con el Partido Popular al frente, asegurase que impulsaría una ley climática.

Se iniciará así al fin la tramitación parlamentaria del primer proyecto legislativo para que España alcance la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050. Una tramitación en la que desde el ámbito ecologistas y algunos sectores estratégicos se espera que el texto pueda incorporar medidas adicionales. Con esta iniciativa, España fijará por ley sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 en un 20% respecto a los niveles de 1990. Y hacia mitad de siglo, el país solamente debiera emitir la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que sus sumideros puedan absorber. España se adelantaría de esta forma al cumplimiento del Acuerdo de París en este punto, ajustándose al compromiso global de la UE en el mismo sentido.

De modo inédito, un texto legal expone por vez primera la necesidad de emprender políticas públicas de adaptación al cambio climático. En su anuncio, el ejecutivo español afirma tener el compromiso de «promover la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente, articule instrumentos para atender a los colectivos vulnerables, favorezca ciudades y pueblos más habitables y saludables, fomente el desarrollo rural y proteja la biodiversidad».

Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Acciones climáticas transversales para todos los sectores económicos

El PLCCTE incorpora a todos los sectores económicos a la acción climática, desde la generación de energía y las finanzas a los sectores primarios, pasando por el transporte, la industria o las administraciones públicas. El ejecutivo considera que será esa involucración transversal la que permitirá al conjunto de la economía «adaptarse a la nueva revolución industrial asociada a la economía baja en carbono, que ya está en marcha».

«En un momento en el que tenemos que abordar el proceso de recuperación frente al COVID-19, la transición energética se va a convertir en una fuerza motriz determinante para generar actividad económica y empleo a corto plazo, y hacerlo de forma coherente con lo que necesitaremos como país en el medio y en el largo plazo», ha afirmado la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

«Hemos identificado los objetivos y las herramientas, se ha diseñado una planificación robusta, contamos con la certeza de que la transición energética tendrá impactos positivos sobre nuestra economía y nuestro bienestar, y sabemos que pueden empezar a materializarse de forma inmediata. Este proyecto otorga, por fin, un marco institucional a la acción que nos pide la Ciencia y la gente, y llega en un momento en el que es más necesario que nunca», ha añadido Ribera.

Objetivos para la neutralidad climática

Los objetivos establecidos el esta ley sólo podrán ser revisados al alza. Son los siguientes:

  • Determina, por primera vez, que España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.
  • Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser 100% renovable.
  • Para ello, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990. Se trata de un objetivo coherente con el aumento de ambición que se ha fijado la Comisión Europea: una reducción en 2030 de entre el 50% y el 55% de las emisiones respecto a los niveles de 1990.
  • Al finalizar la próxima década, como mínimo 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%.
  • Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%.

Primer tramo clave: 2021-2030

Los objetivos del PLCCTE se desarrollarán a través de sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). El primero de ellos comprende el periodo 2021-2030, y el gobierno espera que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente en torno un 1,8% en 2030, respecto de un escenario sin medidas. Los sub-objetivos y estimaciones hasta 2030 son los siguientes:

  • Reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al llegar a 2030
  • Duplicar el porcentaje de renovables en el consumo final, hasta un 42%
  • La presencia de energías limpias en el sistema eléctrico llegará hasta 74%
  • La eficiencia del sistema eléctrico mejorará en un 39,5%.
  • Se atraerán más de 200.000 millones de euros de inversión
  • Se generarán entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales

Impulso a renovables y eficiencia energética

«Son los pilares de la descarbonización, ejerciendo una acción tractora sobre el resto de sectores, al tiempo que mejoran la competitividad empresarial e industrial gracias a una senda de precios descendente», se promete en este proyecto acerca de la eficiencia energética y la progresiva penetración de energías renovables en el mix energético español. «Permiten, a su vez, empoderar al ciudadano, situándolo en centro del sistema energético», subraya.

Para favorecer la flexibilidad del sistema, se impulsa la hibridación, es decir, que se incorporen distintas tecnologías de generación en una misma instalación, incorporando paneles solares en una planta eólica, por ejemplo. Para minimizar costes e impacto ambiental también se contempla la repotenciación de las instalaciones, que podrán aumentar su potencia instalada hasta alcanzar la máxima que se le permite verter a la red. Además, las posibles centrales hidroeléctricas que se concediesen serían reversibles.

El texto prevé que se desarrolle un nuevo marco retributivo para la generación renovable, «basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía». «Con ello, se ofrece previsibilidad y estabilidad en los ingresos al sector», afirman desde el ejecutivo.

Rehabilitación de edificios y movilidad sostenible

Se promoverá y facilitará el uso eficiente de la energía y el uso de fuentes renovables en la edificación, subrayando como medida principal de eficiencia energética el ámbito de la rehabilitación energética de edificios. Un sector que además se considera clave en términos de reactivación económica y de lucha contra la pobreza energética.

Otro eje destacado del proyecto es el impulso de las medidas necesarias para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km.

Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán introducir en sus planificaciones urbanas medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023. También deberán realizar acciones para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, mejorar y fomentar el uso de la red de transporte público e impulsar la movilidad eléctrica compartida y el uso de medios de transporte eléctricos privados.