Propone elevar el objetivo de reducción de las emisiones de CO2 al 55% en 2030 respecto a 1990 y alcanzar el cero neto en 2040.
«El texto es muy bueno en el diagnóstico, pero falla en los objetivos. Mientras reconoce que la región mediterránea es una de las áreas más vulnerables del planeta frente al cambio climático y que España se enfrenta a importantes riesgos derivados de este, paradójicamente no asume los objetivos necesarios para evitarlos», ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio climático de Greenpeace.
«Justo esta semana se espera alcanzar temperaturas anómalas para esta época del año en varias partes de la península. Si no actuamos con urgencia viviremos graves consecuencias por la crisis climática. La recuperación socioeconómica por las crisis de la COVID19 debe afrontarse con soluciones que pongan freno al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad», añade Nuño sobre el proyecto de ley de cambio climático y transición energética.
Un paso importante y necesario en el momento adecuado
Greenpeace considera la aprobación en el Consejo de Ministros de este 19 de mayo de 2020 del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética un paso importante y necesario en el momento adecuado y espera que los grupos parlamentarios «contribuyan a reforzarla y hacerla más ambiciosa». La organización ecologista cree que puede ser «un elemento clave para garantizar que la salida a la crisis sanitaria, económica y social que atraviesa el país por la COVID-19».
Con todo, recuerdan que, como el propio texto recoge, los objetivos de reducción de emisiones no están alineados con las recomendaciones de Naciones Unidas para no superar 1,5ºC las temperaturas globales y evitar así los peores impactos del cambio climático. Según este organismo internacional, las emisiones deberían reducirse un 7,6% anualmente entre 2020 y 2030 en todo el mundo, pero la ley española propone poco más de un 3% anual en el mismo periodo. Greenpeace demanda que el objetivo de reducción de emisiones se eleve al menos al 55% en 2030 para alcanzar el cero neto en 2040.
La eliminación de ayudas combustibles fósiles es imprescindible
Para aumentar la ambición la ley, Greenpeace señala que se debería impulsar la reducción de GEI en sectores clave como el financiero, agroalimentario, turismo, gestión de residuos o industria, «dada su importante contribución a las emisiones y teniendo en cuenta sus altos costes en materia de adaptación».
En ese sentido, Greenpeace espera que la tramitación parlamentaria incluya la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a otros sectores que perjudican el clima, como las aerolíneas y la agricultura industrial. «Sin detener el flujo de dinero público a las industrias responsables de las emisiones GEI no se podrá hacer frente a la emergencia climática», advierten.
Greenpeace también propone un artículo específico que obligue al sector financiero a realizar una correcta gestión del impacto sobre el cambio climático de su cartera de préstamos e inversión, con un cálculo específico de su huella de carbono en los sectores contaminantes.
También destacan que se echa en falta el papel que juegan los servicios ambientales gratuitos en la lucha contra el cambio climático así como la inclusión de criterios de adaptación. «La biodiversidad debe ser eje vertebrador en la mitigación de los peores impactos: la necesidad de tener los ecosistemas en buen estado y funcionales (bosques, humedales y acuíferos, etc…) y el importante papel de las soluciones basadas en la naturaleza», indican, afirmando esperar que la ley pueda salir reforzada del trámite parlamentario.
