La sombra de Aznalcóllar amenaza Doñana otra vez

Mina de Aznalcóllar
Denuncian el proyecto de Junta de Andalucía y empresas para reabrir la mina.

«Reclamamos a la Junta de Andalucía que recuerde lo ocurrido en 1998 y abandone el proyecto de reapertura de Aznalcóllar por sus riesgos para los ecosistemas del Guadiamar y Doñana y al Ministerio de Transición Ecológica que no permita nunca más este despropósito», ha declarado Juanjo Carmona, portavoz de WWF en Doñana.

En 2020 se han cumplido 22 años de la que fue una de las más graves catástrofes ambientales ocurridas en España. Se trató de la rotura de la balsa de residuos de la multinacional Bolidén en las minas de Aznalcóllar, a 60 kilómetros al norte de Doñana. El suceso causó el mayor vertido tóxico de la historia del país. Podría parecer que ante un hecho de tales dimensiones las administraciones habrían aprendido la lección, pero paradójicamente, existe un proyecto para reabrir esta explotación.

La Junta de Andalucía allana el camino para la mina

«Las intenciones de la Junta de Andalucía para reabrir la mina de Aznalcóllar desde 2013 no han hecho más que afianzarse hasta la actualidad», lamentan desde WWF. La aprobación el pasado 9 de marzo por el Gobierno de la Junta de Andalucía del Decreto Ley 2/2020, por el que facilitan los permisos mineros, abre el camino para poder abrir minas en Andalucía y, lo que es peor, «con menos garantías».

De este modo, la sombra de Aználcollar vuelve a proyectarse sobre Doñana. En 2015 la Junta de Andalucía adjudicó el proyecto de reapertura de la mina a las empresa Minorbis (Minera los Frailes) y Grupo México. Desde WWF recuerdan que esta última «arrastra un historial contaminante similar al de Aznalcóllar en el estado de Sonora, en México».

Grave riesgo ambiental

La reapertura de la mina implica graves riesgos ambientales. Señalan desde WWF que uno de los pasos clave es el permiso, no otorgado todavía, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, para el vaciado de la corta minera a cielo abierto de los Frailes, abandonada desde 2001. En este espacio se acumulan 14 millones de metros cúbicos de aguas ácidas (el doble del volumen de lo que se derramó en el accidente de hace dos décadas), que se verterían al espacio protegido de la Red Natura 2000, el Corredor Ecológico del Guadiamar.

Para tratar estas aguas contaminadas, la empresa adjudicataria propuso un procedimiento de depuración, que fue puesto en duda por organizaciones ecologistas, que alertaron de que no era suficiente y que las aguas que se vertieran al Guadiamar y a Doñana llegarían contaminadas.

Esta denuncia ha sido ratificada recientemente por el Ministerio de Transición Ecológica (CHG), que ha denegado, por ahora, este vertido a la empresa adjudicataria, por contener sustancias peligrosas para el Dominio Público Hidráulico que generarían impactos negativos para el Espacio Natural de Doñana.

Riesgo inasumible en un espacio natural privilegiado

Para WWF, los hechos demuestran que este proyecto minero es muy peligroso para Doñana y que la reapertura de la mina supone un riesgo inasumible para uno de los espacios naturales más importantes del mundo.

A pesar de ello, la Junta de Andalucía sigue apostando por un sector que acumula sentencias en su contra. En este último año, WWF ha denunciado ante la UNESCO y el Consejo de Europa los peligros que para Doñana significan los proyectos industriales como la reapertura de la mina de Aznalcóllar o el almacenamiento de gas en el subsuelo del Espacio Natural, y ha solicitado a ambos organismos internacionales que pidan al estado español la retirada de los mismos.

El último movimiento de la Junta en favor de la minería industrial ha sido la aprobación del Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía (DL 2/2020), por el que se elimina la obligación de elaborar Planes Especiales y Proyectos de Actuación en Suelo No Urbanizable para la implantación de minas, sustituyéndolos por un mero informe.