PP, Cs y Vox aprovechan la crisis sanitaria e imponen «decretazo» con «nocturnidad y alevosía» en Andalucía

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Advierten que estas medidas quieren «reflotar la burbuja inmobiliria que sumió Andalucía en la crisis» / Foto: Greenpeace

Bronca política por la maniobra, que la oposición denunciará ante el Tribunal Constitucional.
*Actualización a 5/4/2020

«En nada contribuye a superar la crisis del coronavirus», lamentaba el portavoz de Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía, Carmelo Gómez, al hilo del llamado «Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía» impulsado por el gobierno de PP y Cs con el apoyo de Vox. Para los socialistas andaluces se trata de una grave acción de «imposiciones políticas» para la que se está aprovechando la actual coyuntura de crisis por la pandemia debida al coronavirus.

Gómez, que ha subrayado la voluntad de «oposición leal» en estas circunstancias ofrecida por su formación, ha advertido a las formaciones gobernantes en Andalucía que se presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional por la aprobación en Diputación Permanente de este decreto sobre trámites administrativos «que nada aporta al combate contra el virus».

«No estamos dispuestos a asumir posiciones políticas que se nos quieren meter por la puerta de atrás y que nada tienen que ver con esta crisis», ha explicado el portavoz del PSOE-A. «Se ha hurtado el debate a la sociedad ante medidas muy importantes para el futuro económico de Andalucía y que nada contribuyen ahora a salir de esta crisis», ha expresado Carmelo Gómez.

«Nocturnidad y alevosía»

«Supone una legislación innecesaria para la economía autóctona y únicamente servirá para poner Andalucía a precio de saldo para los grandes especuladores de tal forma que puedan operar en la comunidad como si de la ley de la selva se tratase», ha analizado al respecto la portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Ángela Aguilera.

Adelante Andalucía considera inadmisible la decisión del gobierno andaluz «en plena pandemia del coronavirus y sin haber obtenido previamente un clima social favorable» de alterar más de tres decenas de leyes autonómicas de una tacada. Una decisión que, denuncia, PP, Cs y Vox habrían planificado «con nocturnidad y alevosía» para «hurtar a los andaluces un debate sobre el modelo productivo«. Para Aguilera, este decretazo reflotará «la burbuja inmobiliaria cuyo estallido sumió a Andalucía en la crisis económica más dura en décadas».

Histórico golpe a la protección ambiental en Andalucía

*Actualización a 4/4/2020

Urbanización a medio construír a pie de costa en Andalucía
Foto: Greenpeace

Colectivos unen voz contra lo que califican de irresponsabilidad, «retroceso inaceptable» y «atentado a la participación pública».

Con los focos mediáticos apuntando por encima de todo a la actualidad sobre la pandemia por coronavirus y en plena situación de excepcionalidad, PP, Cs y Vox han tramitado en el Parlamento de Andalucía el decreto recientemente aprobado por el gobierno autonómico (Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía) que desregula numerosas actividades económicas, reduce la participación pública y eliminan garantías ambientales.

Paradójicamente, sus promotores han tratado de justificar esta iniciativa argumentando que se trata de «agilizar trámites» en el contexto del impacto tanto del Brexit como de la actual pandemia. Un argumento que ha irritado tanto a la oposición parlamentaria como a los colectivos sociales y ambientales, que reprochan que se eche mano de tal excusa para cambiar 21 leyes y seis decretos en plena cuarentena.

Retroceso «inaceptable» en las garantías ambientales

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han difundido un posicionamiento conjunto en el que definen este proyecto acordado por PP, Ciudadanos y Vox como «un retroceso inaceptable en las garantías ambientales de las normas andaluzas, un grave ejercicio de falta de transparencia y un atentado a la participación pública«.

Recuerdan que la gran mayoría de las modificaciones impulsadas «nada tienen que ver con una pretendida simplificación de trámites burocráticos». De hecho, muy al contrario, «pretenden reeditar el modelo económico imperante durante los años de la burbuja especulativa que llevó a España a la crisis de 2008, al tiempo que se reduce el papel de la administración pública en la defensa y salvaguarda de la naturaleza y los derechos sociales».

Los colectivos ecologistas avisan de que estos cambios legislativos y normativos «pueden provocar importantes daños ambientales y territoriales y fomentar, de nuevo, entre otras cosas, la especulación urbanística, afectando también a otros sectores sociales y económicos».

Principales modificaciones que afectan a cuestiones ambientales

    • Se amplían las actuaciones que se pueden declarar de Interés Autonómico, lo que facilita su tramitación y aprobación, como son: urbanizaciones residenciales supramunicipales, puertos y aeropuertos, embalses, grandes establecimientos comerciales, turísticos e industriales.
    • Se modifica la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para reducir plazos en la tramitación de planes urbanísticos, a pesar de la imposibilidad de la propia Junta de Andalucía de cumplirlos para evaluar informes, con lo que se aprobarán sin las debidas garantías.
    • Se sustituyen los Planes Especiales y Proyectos de Actuación en Suelo No Urbanizable para la implantación de diversas infraestructuras, canteras y minas por un mero informe. Se elimina así la obligación de someter esos planes a Evaluación Ambiental Estratégica.
    • Se modifica la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), sustituyendo el régimen de autorización ambiental unificada al que se encontraban sometidos determinados proyectos y actuaciones por el de calificación ambiental, con muchas menos exigencias, y que aprueban los Ayuntamientos.
    • Modificación de la Ley del Sector Público de Andalucía, para “dinamizar” la privatización del patrimonio agrario público de la Junta de Andalucía.
    • Se modifica el Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, permitiéndose en los proyectos de recuperación voluntaria dejar los suelos contaminados confinados en el lugar donde se encuentren.
    • Se modifica el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre para eliminar la obligación de dotar de red de alcantarillado y depuración conjunta de aguas residuales a las urbanizaciones ilegales que se pretendan legalizar.
    • Se modifica de la Ley de medidas frente al cambio climático, eliminando la obligación del cálculo de la huella de carbono de productos y servicios.

Irresponsabilidad en «momentos muy difíciles» para la sociedad

Para Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, la Junta de Andalucía está permitiendo «el todo vale» y haciéndolo además en un momento especialmente delicado con la sociedad pasando por «momentos muy difíciles».

Lamentan que el gobierno andaluz esté «eludiendo procesos de participación pública –incluso en contra de los objetivos de leyes estatales y directivas comunitarias» con pretextos inaceptables y en plena crisis.

«Estamos atravesando momentos muy difíciles debido a las pérdidas personales y socioeconómicas derivadas de la crisis del coronavirus. Es precisamente en estos momentos cuando resulta vital un buen corpus administrativo y legislativo, como armazón público que garantice los servicios y la salud de las personas y el medioambiente. Esta reforma relaja las normativas de salvaguarda ambiental y de otros sectores socioeconómicos vitales para Andalucía sin sacar ninguna lección de la crisis que estamos atravesando», concluye la reflexión conjunta de las asociaciones ecologistas, que han anunciado que ejercerán todas las acciones legales posibles en ámbitos españoles y europeos. Al hilo de la misma cuestión, la oposición parlamentaria, PSOE y Adelante Andalucía, ha informado de la presentación de un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional contra este Decreto.

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