Las luces y sombras de un proceso histórico que no consigue acabar en Estados Unidos con el nocivo glifosato.
El mes de junio de 2020 termina con el anuncio de más de 10.000 millones de dólares que la multinacional Bayer AG pondrá sobre la mesa para resolver las decenas de miles de reclamaciones contra el gigante Monsanto, que la empresa alemana compró en su momento por 63 mil millones. El motivo son las miles de demandas de usuarios del herbicida Roundup, debido a la relación de su componente principal, el glifosato, con la epidemia de cáncer de sus usuarios.
«Después de años de litigios muy reñidos y un año de mediación intensa, me alegra ver que nuestros clientes ahora serán compensados», afirmó Mike Miller, de la firma de abogados Miller, para la plataforma US Right to Know. La ironía de este acuerdo es que permitiría a la multinacional seguir vendiendo este herbicida si añadir advertencias sobre el cáncer en sus envases pese a las evidencias científicas al respecto, especialmente de la conexión entre el glifosato y el linfoma no Hodgkin.
Incluso pese al anuncio de este millonario acuerdo, los responsables de Bayer continuaron negando que los herbicidas de glifosato de Monsanto causen cáncer. «El extenso cuerpo de la ciencia indica que Roundup no causa cáncer y, por lo tanto, no es responsable de las enfermedades alegadas en este litigio», afirmó el CEO de Bayer Werner Baumann en un comunicado.
Abrumadoras evidencias y prohibiciones en varios países
Pese a las advertencias de organismos como la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud o la más reciente de la Federación Internacional de Ginecología sobre la relación del glifosato con el cáncer, la sustancia parece que seguirá en muchos mercados y durante muchos años. En Estados Unidos, donde ha tenido lugar este histórico litigio, la Agencia de Protección Ambiental lo ha seguido considerando seguro. Expertos científicos y grupos defensores de los derechos de los consumidores han criticado que los dictámenes de seguridad se han basado en estudios de la propia empresa productora de la sustancia.
Fletch Trammell, un abogado con sede en Houston que representa a 5.000 demandantes que se negaron a unirse al acuerdo ha subrayado para The New York Times en una reveladora reflexión lo que opina del cierre de este caso: «Es como apagar solamente parte del incendio de una casa».
