Greenpeace denuncia que el carbón no sólo provoca cambio climático y problemas de salud, sino que la extracción de carbón va unida en muchos lugares del planeta a graves violaciones de derechos humanos.
«Este carbón que se extrae aquí llega a Europa, yo lo he visto llegar a Gijón. Se han perdido las explotaciones agrícolas, unos 5.000 niños han muerto de desnutrición». Con esa crudeza lo explica Diego Alejandro Rojas, del colectivo Arbelaez (La Guajira, Colombia). Es uno de los ejemplos graves que puede documentarse, tal y como ha explicado Greenpeace. Un caso significativo en ese país, Colombia, es el de la minera Cerrejón, la empresa de carbón en La Guajira. Aquí se encuentra la mina abierta más grande del mundo. Ocupa 69.000 hectáreas, extrae 108.000 toneladas de carbón al día para la exportación y ha desplazado a más de 20.000 personas en todo el territorio. «Es una mina que gasta al día más de 30 millones de litros de agua mientras la gente se está muriendo de sed», asegura Rojas.
«Yo he tenido varias amenazas. En 2013 me vinieron a buscar a casa, mis perras me alertaron y pude esconderme. Me esperaron toda la noche y mataron a mis perras antes de irse. Recurrentemente me tiran piedras sobre la casa porque quieren que me vaya», explica María Cristina Figueroa Bouriyu, consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Su caso es ejemplo, tal y como denuncia Greenpeace, de como presionan y agreden a los activistas que se comprometen y luchan en procesos de negociación sobre asuntos de tierras y de compensaciones.
Las heridas del carbón
Greenpeace quiere aprovechar la convocatoria este 10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos Humanos, para llamar la atención lo que el negocio del carbón esconde. Desplazamientos forzados, contaminación, restricción del acceso al agua, persecución, criminalización o represión del derecho a la protesta son algunas de las violaciones de derechos humanos que se repiten en zonas de extracción de carbón en Colombia, Indonesia, Rusia y Sudáfrica.
Por eso, en colaboración con el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, ha presentado el informe ‘Las heridas del carbón. Violaciones de derechos humanos en las importaciones españolas’. El documento se ha hecho público en la propia COP25, para denunciar que el carbón no solo provoca daños al medio ambiente (su combustión es la principal responsable mundial de cambio climático por sus emisiones de CO2), sino también a las personas.
Sistemáticas violaciones de derechos humanos relacionadas con el sector del carbón
El caso de Indonesia es otro de los documentados en este informe. En poco más de una década, la producción de carbón en ese país se ha disparado, hasta convertirlo en uno de los mayores exportadores mundiales. En medio del caótico crecimiento en las licencias de explotación, grandes áreas del país son entregadas a empresas mineras. También destaca Greenpeace el caso de Sudáfrica, donde el carbón es la segunda mayor fuente de ingresos del país. Allí, lamentan, las violaciones de derechos humanos se repiten sistemáticamente. Especialmente en la provincia de Mpumalanga, al noreste de Sudáfrica, una región tradicionalmente rica en carbón de la que se extrae el 83% del total producido en el país.
¿Miran a otro lado las eléctricas que compran el carbón?
Las empresas eléctricas que compran el carbón para quemar en sus térmicas «son responsables de identificar y prevenir cualquier impacto sobre los derechos humanos en toda su cadena de suministro». Sin embargo, los ecologistas critican que «ninguna de las cinco grandes eléctricas españolas (Endesa, Iberdrola, EDP, Viesgo y Naturgy) consultadas para la investigación aportó los datos sobre la procedencia y volúmenes de carbón importado usado en sus centrales térmicas».
Con este informe, Greenpeace exige al Gobierno que concrete una fecha de cierre para no más tarde del año 2025 de las térmicas de carbón en España y aumente el compromiso de reducción de emisiones nacionales de gases de efecto invernadero al 55% en 2030 respecto a 1990 para alcanzar el cero neto en 2040. Además demanda que se implemente un modelo energético 100 % renovable y democrático, que no viole los derechos humanos y respete los principios de justicia social y ambiental.
