El sector vitivinícola también denuncia el nocivo impacto de las macrogranjas

Bodegas rechazan un modelo ganadero industrial que entre otros problemas, contamina masivamente acuíferos.

Racimo de uvas tinta en una cepa bajo el sol
Imagen de Marco Mazzucotelli en Pixabay

La Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial se hace eco del posicionamiento del sector del vino en contra del modelo de ganadería industrial y sus efectos en el entorno.

A marzo de 2022 difunden el caso reciente de la Cooperativa San Isidro, ubicada en la localidad conquense de Quintanar del Rey y que el pasado día 6 de febrero convocó una Asamblea General Extraordinaria para decidir su posicionamiento respecto a la macrogranja de madres reproductoras cerca de su municipio, cuya construcción se encuentra suspendida cautelarmente. Las tres cuartas partes de los asistentes votaron favorablemente a oponerse a dicho proyecto.

Macrogranjas generadoras de despoblación

Según recuerdan desde la Coordinadora, no se trata de un caso aislado, ya que en septiembre de 2021 habían sido hasta seis las bodegas de la Denominación de Origen Ribera del Duero las que mostraron su preocupación con las afecciones que provoca el modelo industrial de las macrogranjas.

“En particular, Ferratus, Dominio del Águila y Prado del Rey, puntales del sector vitivinícola en la provincia de Burgos, acusaron a la ganadería industrial porcina de saltarse la normativa a su antojo, y de provocar la contaminación de acuíferos y generar despoblación. El Consejo Regulador, fuertemente dependiente del ecosistema natural y ligado estrechamente al enoturismo, reprochó al mismo tiempo la falta de actuación y compromiso por parte del gobierno autonómico, que actúa, según estos posicionamientos, bajo una normativa demasiado laxa”, subraya la Coordinadora.

Grandes contaminantes y obstáculo para el enoturismo

El desacuerdo con la proliferación de la ganadería industrial y su impacto en el sector del vino ya ha sido advertido también por la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), que reúne todas las denominaciones de origen del país.

A modo de ejemplo, se cita el caso en 2020 de la Plataforma Salvemos Nuestra Tierra de Jumilla (Murcia), que avisó de que la ganadería industrial pone en peligro las visitas turísticas a bodegas y viñedos y las rutas del vino, que generan riqueza en el territorio sin deteriorarlo.

Un ejemplo: cómo exprimir 12 millones de litros de agua y generar toneladas de purín comprometiendo a un pueblo de 8 mil habitantes

El caso concreto de Quintanar del Rey con el que abríamos esta información, se refiere a un proyecto industrial de porcino que desde 2020 tiene en vilo y en lucha a todo el pueblo. Suspendido cauterlarmente, contempla la construcción de cuatro naves que albergarán a 2.200 madres. El negocio criará 61.000 lechones cada año, que se estima que consuman 12 millones de litros de agua al año y que produzcan una cantidad ingente de purín, una mezcla de excrementos y productos de limpieza, difícilmente asimilable por los suelos.

La nueva instalación se ubica en el término colindante de Villanueva de la Jara, y a sólo 300 metros del pozo de abastecimiento de agua de boca de Quintanar del Rey, un pueblo de 7.800 habitantes y de alta tradición agrícola. Los vecinos, unidos bajo el liderazgo de la Asociación Quintaverde Pueblo Vivo, ya han protagonizado numerosas manifestaciones y entregado 6.400 firmas que piden al gobierno autonómico que detenga este macroproyecto.

“A pesar de la firme oposición de vecinos y del pleno del Ayuntamiento, no hay contemplada a corto plazo una suspensión definitiva, que en todo caso está en las manos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, lamenta la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial. El gobierno autonómico presidido por el socialista Emiliano García-Page aprobó a mediados de enero una moratoria a la ganadería industrial del porcino que se va a prolongar hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, esta norma no afecta a los proyectos que contemplan albergar menos de 2.000 cabezas ni tampoco a aquellos que ya estaban en tramitación. Tampoco afectará a macrogranjas avícolas o vacunas ni a aquellos proyectos de porcino que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considere que emplea tecnología apropiada en el tratamiento de los residuos, “lo que de facto supone una moratoria coladero”, denuncia la Coordinadora.