Carta conjunta de los gobiernos autonómicos al Ministerio para la Transición Ecológica.
La propuesta del gobierno español, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para incluír al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, no ha sido bien recibida a nivel autonómico. Cuatro gobiernos, los de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, han acordado una posición conjunta, subrayando que ese paso supondría la pérdida de la condición de especie cinegética para el lobo y más rigidez en su control.
Consideran «innecesaria» la mayor protección al lobo
Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León consideran innecesaria la inclusión del lobo ibérico en el llamado Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespe). Sostienen que se trataría de una decisión «claramente contraria a los intereses de las comunidades del norte del río Duero», que cuentan con importantes poblaciones de la especie asentadas en su territorio.
Argumentan que estas comunidades «son las que sufren mayores consecuencias» sobre el sector ganadero de los ataques puntuales de estos animales.
Conflicto con sector ganadero
La inclusión del lobo bajo la protección del Lespe implicaría la prohibición genérica de su caza. Bajo ese nuevo estatus, solamente se podría autorizar «excepcionalmente» la captura de algún ejemplar bajo criterios mucho más estrictos que en la actualidad. Esto, sostienen los ejecutivos autonómicos, les impediría velar correctamente sobre los «intereses ganaderos.
Desde la Xunta de Galicia, por ejemplo, consideran que las políticas desarrolladas en años recientes, bajo el llamado «Plan de Xestión do Lobo en Galicia», han conseguido compatibilizar la existencia de manadas de lobos, que se mueven fundamentalmente entre las provincias de Lugo y Pirense, con la ganadería extensiva.
Creen que la viabilidad de algunas razas autóctonas promovidas en el ámbito ganadero quedaría en peligro bajo el nuevo modelo de protección del lobo. Señalan, respecto al caso gallego, que entre 2014 y 2019, el número de avisos por «daños producidos por el lobo» subió de 618 a 1.397. Al hilo, piden que, si finalmente el Ministerio eleva el referido nivel de protección de la especie, tendría que contemplar un aumento de compensaciones económicas por el impacto en el sector ganadero.
