Un año después de la muerte masiva de peces en Mar Menor “aún no se han tomado medidas”

Banderas negras Mar Menor Vivo
Acto en memoria del episodio y contra el “ecocidio”.

“Banderas Negras – Mar Menor Vivo” es el nombre de la nueva plataforma constituída para sumar fuerzas en defensa de esta zona e intentar sumar iniciativas que pongan freno a los problemas, tan enquistados ya, que está sufriendo este ecosistema.

Los colectivos reunidos en la plataforma han convocado un acto el lunes 12 de octubre de 2020, aniversario de la mortalidad masiva de los peces en el Mar Menor, en memoria del episodio y en defensa del Mar Menor a las 12:00 h en la Playa de Villananitos en San Pedro del Pinatar.

Denuncia de “ecocidio”

Desde Greenpeace, que se ha unido a la plataforma, denuncian que un año después de que tres toneladas de peces aparecieran muertos en la orilla de la zona norte del Mar Menor, cercana a la localidad de San Pedro del Pinatar, “sigue sin darse pasos en la búsqueda de culpables directos de esta catástrofe medioambiental”.

Además se muestran realmente preocupados por la “falta de soluciones al estado actual de la zona” y lucha por que se juzgue el suceso en los tribunales como “ecocidio”.

Explicaciones insuficientes

El gobierno regional atribuyó el suceso de 2019 a los 60 hectómetros cúbicos de agua y sedimentos que la gota fría ocurrida en septiembre de 2019 depositó sobre el Mar Menor.

Sin embargo, las organizaciones medioambientales defienden que este desastre se debe al vertido constante de nitratos, proveniente de los abonos químicos, que las explotaciones agroindustriales que circundan el Mar Menor vienen haciendo a lo largo de las últimas décadas y lamentan la nula asunción de responsabilidades desde las administraciones.

Causa abierta

Ante esta grave situación, el pasado mes de marzo Greenpeace decidió personarse junto a las organizaciones ANSE y Ecologistas en Acción como acusación popular en la causa judicial que ya se había iniciado en diciembre de 2017, como consecuencia de una denuncia de la Fiscalía de medio ambiente, el conocido como caso Topillo.

El objeto de este procedimiento es la presunta comisión de delitos contra el medio ambiente por los vertidos ilegales de aguas cargadas de salmueras provenientes de la utilización de desaladoras ilegales, que habrían sido causa del proceso de eutrofización que afecta a la laguna desde hace años, y que ha desembocado en diversos episodios de anoxia o falta de oxígeno en el agua.

La eutrofización ha tenido dos episodios especialmente dramáticos: la “sopa verde” o boom fitoplanctónico del año 2016, en el que murió el 85 % de la pradera submarina por la falta de luz, y la muerte masiva de fauna marina de la que se cumple ahora un año. Estos hechos permiten hablar de un posible delito de “ecocidio” o asesinato del ecosistema entero y abogar por una tipificación expresa de dicho delito.

Apuntan a empresas y altos cargos de administración

Las conductas habrían sido cometidas por una pluralidad de empresas agrícolas y agricultores profesionales del entorno del Mar Menor.

Asimismo, se está investigando la conducta de algunos ex cargos públicos de la Consejería de Agricultura y de la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con el control del uso de abonos nitrogenados y el control de los vertidos de salmueras agrícolas, por si pudiera ser constitutiva de delitos de prevaricación o contra el medio ambiente.

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