Trampa urbanística para el Mar Menor: ganando tiempo para que nada cambie

Critican el Decreto aprobado por el gobierno murciano para, presuntamente, «proteger» el Mar Menor.

Tras la pomposa denominación de «Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor«, se escondería un documento lleno de agujeros que no solucionará los problemas reales de esta zona, según el análisis difundido por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE).

El documento, aprobado por el gobierno regional de Murcia y publicado en el BORM del 27 de diciembre, esconde algunas trampas «que distan mucho de convertir a esta nueva norma en la solución a los problemas ambientales de la mayor laguna litoral española, y podría permitir la continuación de la tramitación de proyectos urbanísticos de gran impacto como Novo Carthago».

Trampa sobre «moratoria urbanística»

De forma especial, ANSE señala como el decreto habla en su primer apartado de un «Área de exclusión temporal para nuevos desarrollos urbanísticos», para inmediatamente indicar, en su segundo apartado que «…los planes aprobados o en trámite, entendiéndose por tales aquellos que hayan alcanzado la aprobación inicial, podrán continuar con su tramitación».

De no producirse cambios en la Asamblea Regional, o los trámites judiciales resuelven la anulación del desarrollo urbanístico, el Decreto Ley del Mar Menor pondría en serios apuros al Ayuntamiento de Cartagena por su decisión de 2018 de paralizar la tramitación del proyecto de reparcelación de Novo Carthago, y podría favorecer reclamaciones por incumplimiento de convenio y daños y perjuicios.

ANSE afirma que el presidente murciano «ha demostrado ser un tramposo con sus anuncios sobre la protección del Mar Menor, y permitiría con la redacción actual del Decreto Ley el rescate inicial del proyecto urbanístico estrella del expresidente Valcárcel 16 años después, con un procedimiento judicial aún sin resolver». Denuncian que López Miras da una nueva oportunidad, a través de un Decreto Ley improvisado, «a una recalificación de suelos que permitiría construir entre 8.000 y 10.000 viviendas, campos de golf y hoteles».

Vía libre para urbanizar

Recuerdan los ambientalistas que otros lucrativos proyectos urbanísticos en trámite, también en el ayuntamiento de Cartagena, como el Plan Parcial del Vivero, que se desarrollarían sobre terrenos ganados al Mar Menor, podrían continuar a pesar de la moratoria.

«En La Manga, donde no existe suelo para equipamientos y apenas quedan unas pocas parcelas con dunas y arenales, y donde la regresión de la línea de costa está haciendo desaparecer la mayoría de las playas interiores (hacia el Mar Menor), la Comunidad Autónoma no ha acordado moratoria alguna, ni siquiera en la única zona propuesta como Microrreserva de flora silvestre, de tan solo 2 hectáreas, en el término municipal de San Javier», lamentan.

«Para colmo, el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente al Mar Menor podría quedar limitado a la zona comprendida entre las autovías que rodean el Mar Menor y la orilla de la laguna, dejando fuera el resto de la Comarca de Cartagena cuyas aguas drenan hacia el Mar Menor, y en un plazo de 5 años, por lo que no sería imprescindible su aprobación en esta legislatura».