Activistas de la asociación ARIWA documentan las crueles prácticas de instalaciones en el tercer mayor productor mundial de carne de cerdo.
No es simplemente ilegal sino que su extensión e impunidad suponen lo que desde el colectivo Ariwa no dudan en calificar de auténticas prácticas de «crimen organizado» al servicio de los mayores beneficios económicos posibles. La Ley Alemana de Protección Animal establece que ningún animal debería sufrir innecesariamente. Pero según denuncian desde Ariwa, estas granjas se ahorran incluso los pocos céntimos de una bala para optar por, literalmente, matar a porrazos a los animales. Cámaras ocultas instaladas en granjas alemanas durante varios meses han documentado este «horror».
Hay que recordar que Alemania es el gran productor europeo de carne de cerdo, y a nivel mundial sólo Estados Unidos y China le superan. Son 60 millones de animales sacrificados anualmente. No obstante, se estima que una parte importante, alrededor de la quinta parte, no llega a la edad de sacrificio ya que debido a enfermedades o invalidez, se le somete a una muerte prematura antes de los seis meses. Estaríamos hablando de casi 14 millones de pequeños cerditos. Estos animales son aislados en determinadas áreas y, según se ha comprobado, sometidos a crueles condiciones de maltrato hasta su muerte. La publicación alemana Der Spiegel se hacía eco recientemente de las denuncias de Ariwa. Estas condiciones son normales en las empresas alemanas», dice la portavoz Sandra Franz: «Los animales afectados se calculan desde el principio como ‘pérdidas’. Dado que tratar a los animales no sería rentable, se les somete a una muerte lenta y dolorosa».
El caso desata un intenso debate social en Alemania
Las dos empresas afectadas por esta investigación han anunciado el despido de los trabajadores involucrados en estas prácticas. Acciones que para los activistas son simple desvío de responsabilidades, ya que se trataría, aseguran, de prácticas comunes y avaladas desde arriba. La asociación denunciante ha presentado cargos penales contra los responsables de las dos compañías. Al hilo, lamentan que se trata apenas de dos compañías y un grupo de personas de entre las muchas que integran esta industria, por lo que insisten en la necesidad de poner en primer plano el debate social sobre estas prácticas.
En opinión de Ariwa no se trata sólo de la necesidad de medidas políticas para corregir errores concretos, sino que sobre todo se estaría cuestionando el futuro de la ganadería intensiva y su aceptabilidad ética. Para el colectivo este caso es ejemplo de «un sistema violento de explotación y matanza».
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