Presión contra un tratado que bloquea la lucha por precios asequibles en la electricidad

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  • Más de 220 organizaciones y miembros de la sociedad civil solicitan a Teresa Ribera y al Gobierno de España que abandone el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo de inversiones para el sector energético firmado en 1995 por el Estado español.
  • Carta abierta para solicitar la salida del TCE.
  • Ocho claves para entender el Tratado sobre la Carta de la Energía
  • Un tratado europeo “absurdo” que ayuda a los grandes contaminadores. *Artículo de Thomas Dauphin, activista de Friends of the Earth Europe.

La campaña estatal ‘No a los Tratados de Comercio e Inversión’, ha entregado una carta a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en la que pide la salida del España del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). La carta ha sido firmada por más de 220 organizaciones, sindicatos y representantes de la sociedad civil, académicas y académicos, juristas y figuras políticas a título individual.

La reivindicación central es que España abandone un tratado ratificado en 1994 a espaldas de la ciudadanía y sin debate público. El TCE, que inicialmente nació para garantizar el suministro energético a Europa occidental tras la caída del muro de Berlín, se ha vuelto en contra de los Estados firmantes y se ha convertido en un coladero de reclamaciones millonarias. A través de un mecanismo de solución de controversias inversor-estado (ISDS por sus siglas en inglés), permite a las multinacionales e inversores demandar a los Estados si estas consideran que la las medidas legislativas va en contra de sus beneficios económicos presentes o futuros.

En un escenario de emergencia sanitaria y social, las últimas leyes propuestas para luchar contra el cambio climático o las medidas adoptadas para luchar contra la pobreza energética -como alargar el bono social o prohibir los cortes de suministros- podrían desencadenar una oleada de demandas por parte de grandes inversores bajo el TCE. No sería la primera vez. Bulgaria y Hungría ya han sufrido demandas millonarias por intentar garantizar precios asequibles en la electricidad para la ciudadanía.

De hecho, España ya ha sido condenada a pagar 1.036 millones de euros (casi siete veces el presupuesto que el Gobierno se ha comprometido a aportar al Fondo Verde Europeo sobre el clima) y los inversores reclaman más de 8.000 millones de euros. El dinero para pagar estas inversiones saldría de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, de las arcas públicas o se computaría como deuda. Tampoco se descarta una subida en la factura de la luz como ya ocurrió en el caso Castor.

España: récord de demandas

España es el país que más demandas acumula bajo el TCE: 47 en total, interpuestas por la política de recortes a las renovables entre 2011 y 2014. La paradoja es que todos los demandantes son empresas o inversores vinculados a los combustibles fósiles que invirtieron siendo conscientes del escenario de crisis del país.

En otros países se han dado situaciones similares. La empresa alemana Uniper ha declarado que demandará a Holanda por el cierre de las centrales eléctricas de carbón en 2030, una acción que forma parte de la estrategia nacional de reducción de gases de efecto invernadero.

Con estos precedentes el TCE podría truncar la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética española. Es previsible imaginar un escenario en el que el Estado español sea objeto de una oleada de demandas millonarias por la puesta en marcha del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) o por sus medidas adoptadas en la pandemia de la COVID-19.

Una reforma abocada al fracaso

La petición de abandonar el Tratado por parte de la sociedad civil se realiza unas semanas antes de que comience la segunda ronda de negociación entre el 7 y el 10 de julio para la modernización del TCE. Un proceso que, tal y como han manifestado organizaciones de toda Europa, no dará lugar a un tratado respetuoso con el clima, el medio ambiente y el bienestar de las personas.

Hasta la fecha, las piezas clave que hacen del TCE un tratado extremadamente asimétrico que atenta contra la soberanía de los Estados, los presupuestos públicos, y cualquier intento por frenar la emergencia climática, no están sobre la mesa. La agenda de negociación no contempla el fin de la protección de las inversiones en combustibles fósiles y energía nuclear, la exclusión de los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados ISDS, o la incorporación de objetivos climáticos y ambientales vinculantes.

Las organizaciones sociales y ambientales firmantes de la carta alertan que bajo el TCE las inversiones relacionadas con el sector de los combustibles fósiles y energía nuclear están altamente protegidas. Las multinacionales e inversores extranjeros ya están utilizando este tratado para cuestionar y obstaculizar las medidas de acción climática y transición energética justa como: el abandono de las fuentes de energía contaminantes, el impulso de las renovables, o la reducción del coste de la factura de la luz a las personas más vulnerables.

Descarga la carta abierta solicitando la salida del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE)

Un tratado europeo “absurdo” que ayuda a los grandes contaminadores


*Artículo de Thomas Dauphin, activista de Friends of the Earth Europe

Los activistas por el clima y la justicia social estamos haciendo todo lo posible para evitar que los gobiernos entreguen efectivo de rescate masivo a industrias contaminantes. A medida que Europa intenta reiniciar la economía después de la crisis del coronavirus, y los gobiernos y las instituciones de la UE se comprometen a inyectar grandes sumas de dinero de recuperación pública, existe una oportunidad histórica para reconstruir mejor y crear una transición justa hacia el futuro de la energía limpia.

Pero sabemos que muchas grandes empresas contaminantes, como los fabricantes de automóviles y las aerolíneas, no quieren nada más que preservar los negocios como de costumbre, lo que garantizará una emergencia climática más profunda. Desafortunadamente, a pesar de cierta retórica ecológica de los gobiernos, las grandes empresas hasta ahora han tenido bastante éxito en ganar apoyos con pocas condiciones.

Cuando se trata del sector de la energía (el más dañino para el clima de todos ellos), las compañías energéticas más contaminantes cuentan, para preservar su modelo de negocio, con una herramienta poderosa y poco conocida, un acuerdo comercial llamado Tratado de la Carta de la Energía. Y se está demostrando cada vez más que es un obstáculo para la acción climática.

Absurdo apoyo para mantener las ganancias de la quema de petróleo, carbón y gas

Es el mayor asesino de acción climática del que nadie ha oído hablar. El Tratado sobre la Carta de la Energía es un acuerdo comercial de la década de 1990 que otorga derechos y garantías a los inversores en el sector energético. En la práctica, sirve principalmente a los combustibles fósiles.

La característica principal de este oscuro pacto comercial es la posibilidad que ofrece a las compañías de energía de demandar a los gobiernos ante tribunales privados y favorables a las empresas. Concretamente, las corporaciones energéticas pueden usar el acuerdo para atacar las políticas gubernamentales que podrían afectar negativamente sus ganancias. Políticas como la eliminación gradual de la energía sucia o el cierre de plantas de combustibles fósiles.

Si las corporaciones ganan el caso, los estados deben pagarles hasta varios miles de millones de euros de dinero público en compensación. Incluso si esto entra en conflicto con la necesidad de tomar medidas sobre la crisis climática.

Una espada de Damocles permanente que se cierne sobre los responsables políticos

Puedes imaginar fácilmente cuán venenoso es este tratado para un gobierno reacio al riesgo. Lograr un sistema de energía libre de fósiles es un desafío desalentador, que requerirá una acción transformadora y cambios audaces en las regulaciones y leyes. Tenemos solamente años para desmantelar el sistema de energía de combustibles fósiles y poner en marcha rápidamente el 100% de energía comunitaria y renovable.

Sin embargo, bajo la amenaza del Tratado sobre la Carta de la Energía, los responsables políticos se enfrentan a una disuasión masiva: un incentivo para diluir o abandonar las políticas ecológicas. Este es un efecto conocido como «enfriamiento regulatorio». Una espada siempre presente colgando amenazadoramente sobre sus cabezas.

Puede sonar como una pesadilla irreal. Lamentablemente, ya ha sucedido. Las compañías de combustibles fósiles ya han tratado de interferir con las leyes climáticas en Francia y los Países Bajos. Muchos otros lo han hecho para desafiar los estándares ambientales o las regulaciones sociales para llevar la distribución de energía nuevamente a manos públicas o regular los precios de la energía (ver recuadros 1 y 3 en nuestro informe).

Lo que se avecina: una ola de disputas que impugnan la creciente acción climática

En total, las empresas ya han utilizado el Tratado sobre la Carta de la Energía al menos 128 veces para desafiar a los estados (hasta donde sabemos, ¡ya que no existe la obligación de que los casos se hagan públicos!). Como resultado, los tribunales de inversión han otorgado a los inversores en energía 52 mil millones de dólares, y potencialmente recibirán hasta 32 mil millones más si ganan los casos pendientes. Se trata de miles de millones que fluyen directamente a los bolsillos de los inversores, en lugar de apoyar la transición justa en los próximos años. Y a medida que los gobiernos intensifican la acción climática, es probable que aumente el número de disputas. La transición energética podría enfrentar una ola de ataques corporativos.

En este momento, se necesitan desesperadamente grandes cantidades de dinero público para financiar los sistemas de salud y una recuperación justa, no para cubrir los bolsillos de las compañías de energía sucias por sus miopes inversiones de riesgo.

Desmantelemos el Tratado sobre la Carta de la Energía AHORA

El Tratado sobre la Carta de la Energía es absurdo. Pero, a pesar de su retórica ecológica, la UE y los gobiernos no parecen entender su posible efecto destructor sobre la acción climática. Más bien, están involucrados en un largo proceso para tratar de ‘modernizarlo’ (es decir, preservarlo).

La reforma propuesta está condenada al fracaso: no aborda los problemas centrales. Y en cualquier caso necesitaría la unanimidad de los miembros de ECT, lo cual es muy poco probable. Dicen que necesitan más tiempo para este proceso. Pero en esta emergencia climática, el tiempo es exactamente lo que no tenemos.

Sabemos qué pasos son necesarios para liberarse de los combustibles fósiles y tener la oportunidad de permanecer en un planeta habitable. Deshacerse del Tratado sobre la Carta de la Energía deberá ser uno de esos pasos.

Es por eso que 278 organizaciones piden a la UE y a los gobiernos que se retiren o rescindan conjuntamente el Tratado sobre la Carta de la Energía. Hasta ahora, esta llamada está cayendo en oídos sordos. ¡Unamos fuerzas y abordemos este obstáculo juntos!

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