Sorprendentemente, los jueces proponen que se dirima en un tribunal comercial en caso del megaproyecto petrolero de Total.
Más de dos años de investigaciones han revelado violaciones graves y amenazas a los derechos humanos y abusos ambientales, incluyendo el acaparamiento de tierras y la intimidación. Todo en relación con la perforación planificada en el corazón de un área natural protegida. A la luz de los datos Friends of the Earth France, Survie, AFIEGO, CRED, NAPE / Friends of the Earth Uganda y NAVODA, presentaron denuncia en los tribunales contra la empresa Total “por no cumplir con su nuevas obligaciones bajo la ley de deber de vigilancia”.
Según alertan desde los colectivos que han sacado a la luz esta situación, casi 5.000 personas en Uganda ya han sido obligadas a abandonar sus tierras, sin recibir una compensación adecuada. El objetivo de esta acción legal es evitar que las violaciones continúen y se repitan para las decenas de miles de personas que serán desalojadas para dar paso a un proyecto petrolero a gran escala y su infraestructura relacionada. La petrolera Total es el operador principal.
La sentencia se esperaba para el pasado 30 de enero de 2020 y, una vez conocida, ha sido calificada de decepcionante por parte de los colectivos ambientales y sociales. Y es que sorprendentemente, los jueces consideraron que el caso no estaba dentro de su jurisdicción, sino que debería sentarse ante el Tribunal de Comercio. Por lo tanto, no examinaron las demandas de las organizaciones. Mientras, recuerdan, “continúan las violaciones de los derechos humanos en Uganda”.
Decepcionante “interpretación” de la ley
Los tres jueces que escucharon el caso decidieron que la disputa se encuentra dentro de la jurisdicción del Tribunal Comercial, haciéndose eco de los argumentos de los abogados de Total. Recuerdan los colectivos denunciantes que el Tribunal de Comercio es un tribunal creado para permitir que las entidades comerciales hagan justicia en las disputas entre empresas. El caso Total involucra violaciones graves de los derechos humanos y del medio ambiente. Por lo tanto, no es realista imaginar que el Tribunal de Comercio es la jurisdicción apropiada para obligar a Total a tomar las medidas necesarias para poner fin a estos abusos. Las seis organizaciones denunciantes subrayan por esto que están “totalmente en desacuerdo con esta interpretación de la ley”.
“Esta no es simplemente una cuestión de gestión corporativa como Total ha argumentado: ¡es absurdo creer que los representantes corporativos elegidos por sus pares son el mejor juez de una situación en la que vidas y ecosistemas enteros están amenazados! Cada mes que pasa es tiempo perdido para poner fin a las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por Total con su mega proyecto petrolero en Uganda, y evitar que ocurran nuevas violaciones”, explica Juliette Renaud, activista principal sobre la regulación de las corporaciones transnacionales en Friends of the Earth France.
