Organizaciones internacionales se movilizan para pedir acciones a los gobiernos al respecto.
India y Sudáfrica han promovido la solicitud en octubre de 2020 a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que permita a todos los países la posibilidad de no tener que otorgar ni hacer cumplir las patentes, así como otras medidas de propiedad intelectual para medicamentos, vacunas, pruebas de diagnósticos y otras tecnologías para la COVID-19.
Un total de 379 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo han enviado una carta a los Estados miembro de la OMC para pedirles que apoyen e impulsen esta iniciativa.
Se trata de un movimiento histórico en un contexto en el que, pese a las promesas e iniciativas mundiales en los comienzos de la pandemia, «la comunidad internacional está fallando al no asegurar una solución política que garantice el acceso global a estos productos».
«Las personas y la salud pública, lo primero»
«En un momento como el actual no podemos continuar con las mismas dinámicas comerciales para las vacunas y los medicamentos, cuyas reglas del juego favorecen los monopolios y protegen la propiedad intelectual por encima de todo; son injustas en términos de acceso y abusivas en políticas de precio. Ahora más que nunca, las personas y la salud pública somos lo primero, por delante de cualquier interés comercial», ha subrayado Vanessa López, directora de Salud por Derecho.
«Si se aprueba, podría constituir un punto de inflexión en la respuesta COVID-19. Además, podríamos evitar que se repitieran tragedias como la de la pandemia del VIH/sida cuando los monopolios de tratamientos vitales se tradujeron en que pacientes de países ricos accedían al tratamiento con antirretrovirales mientras que millones de pacientes de países en desarrollo morían porque estos quedaban fueran de su alcance», recuerda Miriam Alía, especialista de Vacunación y Repuesta a Brotes de Médicos Sin Fronteras.
«Las farmacéuticas afianzan sus monopolios sobre las tecnologías desarrolladas bajo el amparo de la propiedad intelectual e imponen precios abusivos, pese a que (especialmente en el contexto de esta pandemia) exista una enorme cantidad de dinero público invertida para el desarrollo», critican desde Salud por Derecho.
Aquí puedes leer la carta completa:
CARTA DE LA SOCIEDAD CIVIL APOYANDO LA PROPUESTA DE LA INDIA Y SUDÁFRICA SOBRE LA EXENCIÓN (WAIVER) DE CIERTAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC PARA LA PREVENCIÓN, LA CONTENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA COVID-19
Estimados miembros de la Organización Mundial del Comercio,
Las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado a todos los Miembros de la OMC para que apoyen firmemente la adopción de la propuesta de la India y Sudáfrica sobre «Exención de determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC para la prevención, la contención y el tratamiento de la COVID19» (Waiver Proposal).
Cuando se declaró a la COVID-19 como pandemia, hubo un abrumador consenso en que para frenar su propagación era urgente la colaboración internacional, a fin de acelerar el desarrollo de productos, ampliar la escala de fabricación, ampliar el suministro de tecnologías médicas eficaces y garantizar la protección de todos, en todas partes. Hubo llamados, incluso de varios Jefes de Estado, para que los productos médicos para la COVID-19 se traten como bienes públicos mundiales.
Siete meses después del inicio de la pandemia, no existe aún una solución política global significativa para asegurar el acceso. En cambio, hay una desigualdad de acceso a las tecnologías críticas que se necesitan para hacer frente a la pandemia. Muchos países, especialmente los países en desarrollo y los países menos adelantados que luchan por contener la COVID-19 han sufrido y enfrentan una grave escasez de productos médicos, incluido el acceso a los tests de diagnósticoi .
Además, las naciones ricas, que representan sólo el 13% de la población mundial, han bloqueado al menos la mitad del suministro potencial de vacunas del mundoii.
En esta pandemia, la industria farmacéutica ha tenido una actitud de “no cambiar nada”, afianzando los controles monopolísticos de la propiedad intelectual (PI) sobre las tecnologías sanitarias de COVID19, que restringen la ampliación de la fabricación, bloquean a los proveedores diversificados y socavan la competencia que hace pòsible precios más bajos. Unas pocas empresas, como Astra Zeneca, han prometido precios sin ánimo de lucro mientras dure la pandemia, pero al mantener el control sobre estas tecnologías, pueden declarar unilateralmente el fin de la pandemia y aumentar los precios para maximizar los beneficios, aunque ello socave los esfuerzos internacionales para salvar vidas.
El Fondo de Acceso a la Tecnología COVID-19 (C-TAP), creado por la OMS (para compartir voluntariamente conocimientos, propiedad intelectual y datos), ha sido rechazado por la industria farmacéutica.
En su lugar, las empresas siguen firmando acuerdos de licencia secretos y restrictivos. Por ejemplo, los acuerdos de licencia secretos de Gilead Sciences para el remdesivir, un medicamento desarrollado con una importante financiación pública, están restringidos a unos pocos fabricantes de su elección, impidiendo así el suministro a bajo costo a casi la mitad de la población mundial. No es de extrañar que haya habido una escasez mundial del medicamento, y que muchos países en desarrollo aún no hayan visto ni siquiera un solo vial del tratamiento exportado a ellos. Dada la eficacia limitada de la medicina, nos preocupa profundamente que un enfoque de este tipo para una terapia segura y eficaz excluya aún más personas del acceso al tratamiento.
Además, las nuevas controversias por violación de la propiedad intelectual sobre las tecnologías de COVID-19 amenazan con bloquear la colaboración en la investigación y el desarrollo y la fabricación de los productos médicos de COVID-19.
Estas estrategias comerciales restrictivas se han traducido directamente en precios exorbitantes y en ganancias excesivas.
Con sistemas de salud abrumados por la COVID-19 y con gobiernos que se enfrentan a una crisis económica inminente, los presupuestos de salud de muchos países simplemente no pueden sostener productos médicos de COVID-19 de alto precio. Estas realidades también obstaculizarán la producción de cualquier fabricante competente e impedirán la plena libertad para colaborar en el desarrollo, la producción, la importación y la exportación de los productos médicos necesarios.
Si bien el Acuerdo sobre los ADPIC contiene flexibilidades que pueden promover el acceso, muchos Miembros de la OMC pueden tener dificultades para utilizarlas con prontitud y eficacia.
Por ejemplo, la licencia obligatoria ofrece un enfoque «producto por producto» y «país por país» con variaciones en las leyes nacionales, mientras que la pandemia exige una acción colectiva mundial para hacer frente a los obstáculos a la propiedad intelectual y facilitar la transferencia de tecnología. Cuando la barrera de propiedad intelectual va más allá de las patentes, es posible que las leyes nacionales no prevean suficientes flexibilidades. Además, el artículo 31bis, que es un mecanismo para abastecer a los países con una capacidad de fabricación insuficiente, no ofrece una solución expedita y muchos países han optado por no utilizarlo.
A menos que se adopten medidas concretas a nivel mundial para hacer frente a los obstáculos de la propiedad intelectual y la tecnología, los fallos y deficiencias mencionados se repetirán a medida que se vayan introduciendo nuevos medicamentos, vacunas y otros productos médicos. Esto hará necesario racionar el acceso, lo que tendrá efectos devastadores para la salud pública y la recuperación económica mundial.
En una pandemia mundial en la que todos los países se ven afectados, necesitamos una solución mundial. La adopción de una exención a nivel de la OMC suspenderá la implementación, aplicación y cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con la prevención, la contención y el tratamiento de COVID-19. Permite una solución mundial expedita, abierta y automática para permitir la colaboración ininterrumpida en el desarrollo, la producción y el suministro, y para abordar colectivamente el desafío mundial que enfrentan todos los países. Es hora de que los gobiernos asuman una responsabilidad colectiva y antepongan la vida de las personas a los monopolios empresariales.
Por lo tanto, le pedimos encarecidamente que apoye inequívocamente la adopción de la exención propuesta en la próxima reunión del Consejo de los ADPIC.
