En lugar de aprobar un nuevo plan de gestión y de apostar por controlar los daños opta por un modelo que ha fracasado ya en los últimos años.
«Resulta decepcionante que la Junta, en lugar de aprobar urgentemente un nuevo plan de gestión centrado en la conservación de la especie y en la reducción de los daños, impulsando la puesta en marcha de medidas preventivas, siga apostando por un modelo de gestión basado en matar lobos y que además ha fracasado en los últimos años”. Y concluye: “Reclamamos que la Junta acabe con esta persecución e impulse un nuevo plan de gestión donde prime el respeto por la especie y que tenga una clara apuesta por la coexistencia con las actividades tradicionales». Así lo ha expresado Luis Suárez, responsable del Programa de especies de WWF España.
Según la Directiva europea Hábitats, la gestión del lobo debe en cualquier caso garantizar el estado de conservación favorable de la especie. Esto implica no solo mantener las poblaciones actuales, sino también permitir la dispersión y colonización de nuevos territorios. Por otra parte, la Comisión Europea dejaba claro en su carta a los consejeros del pasado mes de febrero que la gestión del lobo ha de centrarse en primera instancia en la prevención de daños, relegando el control letal a casos excepcionales.
Matar lobos no es la solución, advierte WWF
Ante la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León del plan de aprovechamientos comarcales del lobo en terrenos cinegéticos al norte del Duero, WWF critica que la Junta continúe sus esfuerzos en el control de poblaciones, en lugar de aprobar un nuevo plan de gestión y de apostar por controlar los daños. Dicho plan de aprovechamientos ve la luz un año después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León suspendiera la caza del lobo por falta de justificación científica e informes independientes.
Un total de 339 lobos son los que la Junta de Castilla y León pretende abatir durante las próximas tres temporadas de caza. WWF lamenta que esto ocurra un año después de que el TSJ de Castilla y León anulara tanto el plan de gestión del lobo como los planes de aprovechamientos comarcales de las tres temporadas anteriores. La decisión del TSJ se basó entonces en el hecho de que el lobo es una especie protegida tanto por la normativa europea como por la nacional y que su gestión debe garantizar la conservación de la especie, incidiendo igualmente en la prevalencia del interés general frente a los intereses particulares.
Del total de individuos a abatir cada año, el plan se ceba especialmente con las reservas regionales de caza de Mampodre y Riaño, La Culebra y Fuentes Carrionas, con un total de 15, 12 y 10 lobos, respectivamente. En estas zonas los daños a la ganadería son mínimos y apenas hay conflictividad social, por lo que en ningún caso hay justificación posible. Además, la Junta no tiene en cuenta que dichas comarcas se han convertido en los últimos años en destino nacional e internacional de turismo de observación basado en el lobo, lo que representa una oportunidad para la economía de dichas zonas.
