WWF y SEO/BirdLife subrayan que la defensa del mundo rural ha sido y será siempre una prioridad para las organizaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente.
La defensa del mundo rural ha sido y será siempre una prioridad para las organizaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente. Al imparable vaciamiento de los pueblos – motivado en gran parte por la falta de oportunidades laborales, servicios públicos de calidad y dignificación de la vida rural–, se suman la emergencia climática y el deterioro de la naturaleza. Todo ello en una situación actual extrema para la agricultura y ganadería, que incluye la subida de los costes de producción, los bajos precios de alimentos y materias primas y la escasez de apoyo de las políticas públicas hacia modelos productivos sostenibles. Estamos ante una tormenta perfecta espoleada, ahora, por la terrible noticia de un nuevo conflicto bélico en Europa.
Durante estos últimos años, la pandemia nos ha recordado el papel estratégico del sector primario. Pero también ha puesto en evidencia que los modelos insostenibles de intensificación agrícola, ganadera, forestal, pesquera o cinegética ponen en riesgo el íntimo vínculo entre la naturaleza y nuestra salud.
Estos días ha vuelto al primer plano la cuestión de la seguridad alimentaria y energética de Europa. No han tardado en surgir voces exigiendo que se retiren las políticas que favorecen una producción sostenible y adaptada al cambio climático, como las del Pacto Verde Europeo, y, en su lugar, reforzar la actual intensificación agraria basada en combustibles fósiles y en la importación de materias primas baratas de terceros países. La ciencia confirma los impactos de esta industrialización productiva, como la contribución al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad. También los informes del IPCC y el IPBES –los paneles intergubernamentales de Naciones Unidas para el clima y la naturaleza–, subrayan que una agricultura, ganadería y pesca gestionada de manera sostenible son parte fundamental de la solución a la crisis ecológica, además de aportar beneficios sociales y económicos a las comunidades.
Cuando se habla del mundo rural y, en concreto del campo, no se debe generalizar. El modelo industrial expulsa a las explotaciones familiares de los pueblos, los hace poco atractivos para su repoblación y esquilma los recursos naturales afectando a nuestra salud. Mientras, el modelo agroecológico cuida la tierra, proporciona bienes y servicios de un valor incalculable, alimentos sanos, genera empleo en la España Vaciada y afianza la soberanía alimentaria.
Sin embargo, a la hora de plantear soluciones para la crisis rural, hay dos ideas que no se ajustan a la realidad.
La primera es que para recuperar la vida en los pueblos hay que elegir forzosamente entre economía y ecología, como si no fuesen dos caras de una misma moneda.
Cualquier actividad socio-económica, incluida la agricultura, la pesca, la ganadería o la caza, depende del buen estado de los ecosistemas (suelo fértil, agua de calidad, polinización, etc.) y la adaptación al cambio climático. Sin embargo, el planeta se enfrenta a la terrible amenaza del cambio climático y a una pérdida de biodiversidad sin precedentes. Conservar el patrimonio natural no es un capricho de unos pocos, sino una cuestión de supervivencia y bienestar humano.
La segunda idea es que, para que el sector agrario pueda sobrevivir –y por tanto nuestros pueblos– es necesario intensificar la producción de alimentos. Dicha hipótesis se desmonta al comprobar la alta dependencia que tienen los modelos intensivos de recursos no renovables, como combustibles fósiles o fertilizantes químicos, y de un agua cada vez más escasa. Continuar apostando por estos sistemas industrializados de producción de alimentos no sólo está pasando factura a nuestra salud y al medio ambiente, también a los miles de pequeñas y medianas explotaciones familiares, que cierran cada año al no poder competir en mercados globalizados que priman precio frente a sostenibilidad. Una agricultura y ganadería sostenibles en abandono, porque sus producciones no se diferencian de las industriales low cost, frecuentemente en manos de empresarios ajenos a los retos ambientales y sociales de las zonas rurales.
La actual crisis en Ucrania no hace sino poner de manifiesto la debilidad del modelo basado en la importación de insumos y la exportación de alimentos, que poco tiene que ver con la seguridad alimentaria, algo que requiere de la protección del suelo fértil y los recursos naturales y de un consumo y distribución de alimentos responsable y justo. Y junto al reto de hacer frente a estas dos ideas, interesadas en industrializar el campo, surgen dos nuevos desafíos: por un lado proyectos de energías renovables –más que necesarias– que se plantean sobre suelo barato, desplazando modelos de agricultura sostenible y afectando a espacios naturales protegidos; y por otro, estrategias políticas que aprovechan la creciente desconexión campo-ciudad para aumentar el nivel de crispación y polarización social únicamente con fines partidistas, sin ofrecer soluciones reales para las comunidades rurales.
En SEO/BirdLife y WWF trabajamos por un planeta vivo en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza. Defendemos el buen estado de los ecosistemas, el bienestar de los animales domésticos y silvestres y apostamos por alimentos sanos y sostenibles para asegurar el futuro del campo y un mundo rural vivo. Sabemos que sólo es posible tener pueblos con vida si los modelos de desarrollo cuidan tanto de la naturaleza como de quienes nos alimentan de manera responsable cada día. Trabajamos por un futuro en el que se reconecten campo y ciudad y las personas se reencuentren con la naturaleza y la salud global.
Para mostrar nuestro compromiso con el medio rural e impulsar una transición verde y justa que no deje atrás a nadie, presentamos las siguientes propuestas a las administraciones competentes:
1. Recuperar una política de estado para el medio rural, comenzando por reactivar la Ley 45/2007 de desarrollo sostenible del medio rural, dotándola del presupuesto suficiente para asegurar la revitalización económica de las zonas rurales, la creación de empleo estable y de calidad y la lucha contra el despoblamiento bajo el paradigma de la sostenibilidad y la justicia social.
2. Garantizar una vida digna en nuestros pueblos con servicios públicos de calidad (sanidad, educación, transporte, dependencia, etc.), asegurando a la par la digitalización responsable y el teletrabajo para fijar población, prestando especial atención a las necesidades de jóvenes, mujeres y personas mayores. Así como garantizar la disponibilidad de agua y el derecho al agua potable.
3. Activar las medidas necesarias, incluidas las de transparencia y lucha contra las prácticas desleales en la cadena alimentaria, para garantizar de manera inmediata precios justos y condiciones apropiadas a los agricultores/as, ganaderos/as, selvicultores/as y pescadores/as que apuestan por la sostenibilidad, así como al conjunto de trabajadores/as de la cadena. Exigir a la industria y distribución alimentaria su compromiso por el aprovisionamiento local de materias primas producidas de forma respetuosa con la naturaleza, la distribución responsable de alimentos y precios adecuados también para las personas consumidoras.
4. Impulsar el relevo generacional en el campo, prioritariamente en las fincas de alto valor natural –como las de ganadería extensiva–, en zonas Natura 2000 y bajo producción ecológica. Asegurar para ello el acceso a la tierra, con figuras como los bancos de tierras y la protección del suelo agrario de alta calidad agroecológica; a los medios de producción; y al conocimiento.
5. Visibilizar, reconocer y valorar adecuadamente el papel de las mujeres rurales, especialmente el de agricultoras y ganaderas extensivas, apoyando su actividad a través de incentivos reales para el reconocimiento de su trabajo, por ejemplo fomentando la Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias, rompiendo el círculo de masculinización-envejecimiento-despoblamiento. También impulsando el cambio cultural para la corresponsabilidad real de los hombres en los trabajos de cuidados.
6. Asegurar el refuerzo y el cumplimiento inmediato de la legalidad vigente, en especial en materia de derechos de los trabajadores, medio ambiente, conservación de la biodiversidad y bienestar animal, fortaleciendo las normas y sus sistemas de control y sanción, para evitar la competencia desleal de los ilegales y las prácticas con impactos ambientales, sobre el bienestar de los animales o la salud pública.
7. Apoyar los sistemas productivos sostenibles, basados en los principios de la agroecología y de la gestión forestal sostenible. Impulsar un modelo de agricultura familiar sostenible, constituido por agricultores/as, ganaderos/as y selvicultores/as que residen y trabajan en el medio rural y cuya principal renta y dedicación proviene de la actividad agrícola, ganadera y forestal, que aplica métodos de producción ambientalmente responsables y conserva el patrimonio natural y cultural.
8. Asegurar una transición justa de aquellos modelos que tienen que virar hacia la sostenibilidad por tener un impacto negativo, como la ganadería industrial o los regadíos en acuíferos sobreexplotados y/o contaminados. Adecuar, mediante esta transición, las prácticas productivas a la capacidad de los ecosistemas y no al contrario, en especial haciendo frente al reto del agua, en un entorno de conflictividad creciente agravada por su uso ilegal y el cambio climático.
9. Disponer de un marco político y un sistema de incentivos económicos adecuados para la transición, incluyendo:
a. Una nueva PAC y PERTE alineados con el Pacto Verde Europeo, con ayudas organizadas en contratos territoriales por explotación, que disminuyan la carga burocrática y visibilicen los bienes públicos generados por los sistemas agroecológicos locales.
b. Una reforma fiscal verde que desgrave la restauración de la naturaleza y la producción de alimentos sanos y sostenibles, y penalice la contaminación y sobreexplotación de los recursos naturales, bajo el principio “quien contamina, paga”.
c. La recuperación de las infraestructuras y servicios públicos necesarios para la transición agroecológica del sector primario (centros municipales de acopio, transformación y distribución, etc.).
d. Facilitar la venta directa y los canales cortos de comercialización que garanticen el acceso a alimentos locales, ecológicos y de temporada al conjunto de la población y el reequilibrio de la cadena alimentaria.
e. Apostar por una compra pública responsable de productos forestales (madera, corcho, papel…) y alimentos agroecológicos.
f. Favorecer la diversificación productiva del sector primario, eliminando trabas a la transformación artesanal y venta o el apoyo a iniciativas complementarias de pequeños productores/as, como el agroturismo.
g. Asegurar sistemas públicos de asesoramiento, formación y acompañamiento plural, como las oficinas comarcales agraria, para asegurar la transición hacia la sostenibilidad.
10. Impulsar de forma decidida y con financiación adecuada la conservación de la Red Natura 2000, revisando los actuales planes de gestión y realizando los que faltan para cumplir con la normativa europea y que incluyan objetivos de conservación concretos y medibles y medidas adecuadas para su cumplimiento, favoreciendo aquellas prácticas que contribuyan a la conservación de los recursos naturales, fijen población y sean motor económico en el medio rural.
11. Promover una gestión forestal sostenible y colectiva orientada a la conservación de la biodiversidad y los sumideros forestales, estimulando la agrupación de propietarios y dotándolos de capacidad técnica para redactar y ejecutar planes de gestión comunes y rentables a escala del paisaje, que garanticen la conservación del recurso, así como la producción y el desarrollo de las comunidades locales a largo plazo.
12. Mejorar el actual modelo de gestión cinegética, asegurando la sostenibilidad de esta actividad, favoreciendo prácticas que pongan en valor los recursos naturales, la conservación de especies en declive o amenazadas y mantengan la variabilidad genética de las especies cinegéticas. Implantar un nuevo modelo que penalice la intensificación de ciertas prácticas y avance hacia la renaturalización, reduciendo los problemas de sobrepastoreo o de fragmentación del territorio, y poniendo en valor el papel de los depredadores, para garantizar el necesario equilibrio ecológico. La práctica cinegética debe reducir su huella ecológica, abandonar el uso de sustancias contaminantes, basar sus prácticas en el mejor conocimiento científico disponible e incorporar de manera decidida los mejores estándares de sostenibilidad, salud y bienestar animal.
13. Promover una implantación equilibrada de las energías renovables en el medio rural, priorizando las zonas urbanizadas e industrializadas, evitando que se instalen en zonas ambientalmente sensibles, así como en áreas agrarias y forestales de alto valor natural y agroecológico, dando prioridad a la producción alimentaria sostenible, apostando por un modelo energético que prime la disminución de la demanda a través del ahorro y la eficiencia energética, el autoconsumo y las comunidades energéticas locales.
14. Proteger el patrimonio sensorial rural, incluidos los paisajes agroculturales. Este patrimonio es un recurso clave para el desarrollo rural, forma parte de la esencia de cada territorio y es indispensable para su equilibrio social y económico. Se constituye en auténtica cultura, que sí representa al medio rural y así debe ser reconocido y respetado desde las ciudades.
15. Asegurar la participación pública de la sociedad civil en los procesos de diseño, aplicación y seguimiento de las políticas relacionadas con el medio rural, incluidas las agroalimentarias o cinegéticas, con los recursos suficientes, siguiendo los principios del Foro Acción Rural.
Nos enfrentamos como sociedad a un futuro con numerosas incertidumbres geopolíticas, económicas, sociales, climáticas y ambientales. Pero también con algunas certezas, como que nuestro bienestar pasa por conseguir que el medio rural recupere su vitalidad y el desarrollo ambientalmente sostenible, socialmente justo y económicamente rentable de las actividades del campo. La Unión Europea firmó hace poco un Pacto Verde consciente de que es la única salida con garantías de la actual crisis y, a pesar de la complejidad de esta hoja de ruta, no debemos abandonarla, sino facilitar la transición necesaria para el cambio de paradigma que supone. A pesar de las circunstancias que vivimos, no podemos permitirnos dar un paso atrás en los avances conseguidos en materia ambiental y social, pues sólo perpetuaremos un modelo de desarrollo rural fallido para las personas y la naturaleza.
Desde SEO/BirdLife y WWF España seguiremos trabajando y manifestándonos, como llevamos haciendo décadas, por unos pueblos con futuro y por una naturaleza sana que garantice la prosperidad para las personas que en ellos habitan.
