Los inversores internacionales siguen ganando los arbitrajes frente al gobierno español. Mientras, no se atienden las reclamaciones de los pequeños productores de energía solar.
Los sucesivos recortes en el sector de las energías renovables del gobierno socialista presidido por Zapatero en 2011 y de los gobiernos de Rajoy desde 2012, siguen generando actualidad. Cuando los sucesivos procesos abiertos se vayan resolviendo podrían ser alrededor de 5.000 millones de euros los que el Estado español se vea condenado a desembolsar a inversores internacionales.
Paradójicamente, tal y como denuncia la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), «no se restituyen los derechos de aquellos que con su esfuerzo personal creyeron e hicieron posible la madurez de la generación fotovoltaica: 60.000 familias españolas».
Recueda y subraya el colectivo que estas familias, «atendiendo un llamamiento del Estado español, destinaron sus ahorros e hipotecaron sus hogares para impulsar el desarrollo de una tecnología que ahora nos permite dejar atrás la generación fósil y combatir así los escenarios más devastadores del Cambio Climático».
Las familias han pagado la peor parte del despropósito con las renovables
«Este vía crucis que está soportando el Estado español, es un descrédito para nuestro país y una sucesión lacerante de noticias para los 60.000 pequeños productores fotovoltaicos españoles, que contemplamos como para una misma situación se están produciendo dos tipos de justicia», ha denunciado en un comunicado el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca.
ANPIER denuncia que, por un lado, los arbitrajes internacionales, canalizados a través del organismo adscrito al Banco Mundial, están obligando a indemnizar el daño causado a los inversores foráneos. Mientras, en el otro lado, está «la realidad de las familias fotovoltaicas españolas, que soportamos recortes de hasta el 50% de la tarifa regulada». El colectivo reitera lo injusto e «inaceptable» de que por una misma situación el Estado «indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y no evite la ruina de sus nacionales».
Los pequeños ahorradores de las renovables apoyados por el Defensor del Pueblo
En la mesa está el pronunciamiento al respecto del Defensor del Pueblo en su respuesta a la petición de Anpier: «Esta Institución considera que por un principio de igualdad material, no debería hacerse a los ciudadanos españoles de peor condición que a los inversores de terceros países. (…) De lo contrario, el cambio retributivo de la energía fotovoltaica únicamente comportaría un sacrificio singular sobre un colectivo determinado (en este caso, los inversores españoles) que resultarían afectados de una manera especial al no tener a su alcance los medios que el TCE habilita para los inversores extranjeros y, en particular, del recurso al arbitraje internacional. Se daría además la situación paradójica de que los inversores españoles se verían perjudicados comparativamente en su acceso a las pertinentes medidas compensatorias».
Al respecto, el Defensor del Pueblo ha solicitado «adoptar las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución, no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía».
Una solución que sigue en el limbo de la legislatura paralizada
«Es difícil explicar cómo es posible que a este sector se le haya impuesto 9 recortes retroactivos en 10 años; que la tarifa regulada que les ofreció el Estado y motivó estas inversiones se haya visto recortada hasta en un 50%; que se cierna sobre este colectivo un nuevo recorte de un 20% adicional; y que, como estrambote, los grandes inversores internacionales estén logrando sentencias favorables e indemnizaciones que les corresponden, mientras nuestras familias han tenido que refinanciarse en masa para no perder las garantías personales que aportaron en su día a la banca», añade el comunicado de Anpier.
La asociación recuerda que en la pasada legislatura hubo un asomo de consenso, con la unanimidad del Congreso en favor de dar una solución urgente a la situación. Pero el final apresurado de la legislatura dejó este tema en el limbo. «Es urgente adoptar medidas que garanticen la seguridad jurídica de este colectivo», reclaman.
