Una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anula el programa de caza del lobo 2016-2019.
La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) ha difundido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León favorable a la petición cursada en junio de 2017 para anular los llamados «Aprovechamientos Comarcales de lobo al Norte del Duero 2016-2019». Se trataba en la práctica de una resolución de la Junta para un programa de matanzas de lobos a través de la caza. Tal y como denunció Ascel, la masacre en el territorio de la comunidad de una especie «protegida y clave para nuestra salud ambiental».
Esta sentencia, afirma Ascel, «es un hito en el ajuste de normas viejas a las superiores que amparan la protección ambiental, y sobre todo, con claridad envidiable, consolida el papel de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León como garante de la racionalidad de las prácticas cinegéticas, porque (i) no se puede matar injustificadamente (ii) no se puede cazar una especie protegida».
Sanción económica por la eliminación de los lobos
Tal y como explican desde Ascel, no sólo se anula la norma que amparaba la caza en esos tres años, sino que la sentencia determina que es obligado compensar la muerte (en la medida de lo posible) de los ejemplares acaecida a lo largo del trienio 2016-2019. Durante ese periodo se abatieron 173 lobos, desglosados en 91 (2016) a los cuales hay que añadir los 82 del año 2017, antes de que se procediera por la Sala a una suspensión (a instancias de ASCEL) en la temporada 2018. «Ello supone un importe de 1.602.153 €», sanción que impone el Tribunal a la Junta, que debe disponer de ese dinero público a fin de «reparar el daño causado al medio ambiente por la caza de lobos», mediante la presentación de un programa que, «como mínimo, deberá comprender las actuaciones necesarias para la recuperación del lobo ibérico, su conservación y para la divulgación de la importancia de la especie».
«Lamenta Ascel el «panorama desolador», derivado de lo ocurrido, «porque desde el año 2010 todas las normas emanadas de la Junta para cazar (matar) lobos son ilegales». «Centenares de ejemplares irremplazables muertos al margen de la Ley», denuncian. En cualquier caso, se felicitan porque la compensación económica establecida supone, en su finalidad, «un cambio de rumbo histórico». «No cabe pensar que el actual Programa de Aprovechamientos Comarcales 2019-2022, calco deteriorado del ahora anulado, sin respaldo del Plan del Lobo (anulado), ni del Decreto de Caza (anulado en lo que al lobo toca), pueda tener distinto fin», advierten al respecto, criticando las medidas recientes de la Junta que, consideran un «fútil» intento de «burlar la Justicia».
