Malestar entre los ecologistas alemanes por no adelantar el cierre de las plantas.
«La era de los combustibles fósiles en Alemania llegará aun final irrevocable con esta decisión». Lo afirmaba en el Bundestag el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier. Alemania todavía produce en la actualidad un 40 por ciento de su electricidad a partir del carbón.
Una larga y difícil negociación en el marco de una comisión designada para ese fin, había conseguido anteriomente acuerdo previo para que Alemania deje de producir energía en sus plantas de carbón en el año 2038. Pero no ha sido hasta meses después que las dos cámaras parlamentarias han bendecido el acuerdo. El proceso ha sido largo, con grandes resistencias tanto desde el sector empresarial como de las áreas económicamente afectadas por el progresivo cierre de las plantas.
El plan de ruta final incluirá millonarias inyecciones de recursos económicos en los actuales estados productores (alrededor de 40 mil millones de euros). De forma paralela, las empresas productoras recibirán también millonarias compensaciones por el cierre anticipado de las plantas. Un cierre que se producirá según la antigüedad y el grado de eficiencia actual de las centrales todavía abiertas.
Protestas por no adelantar a 2030 el final del carbón
«Esta ley es un crimen climático que el Bundestag no puede aprobar. Se necesita urgentemente una eliminación completa del carbón para 2030 para que Alemania sea creíble en términos de política climática», declaraba Karsten Smid, de Greenpeace, a las puertas del Reichtag, durante una protesta del colectivo ecologista en las horas previas a la votación.
Poner fecha al fin del carbón en todos los países que se apoyan en esta fuente energética es una urgencia clave frente a la crisis climática. Y la posición de Alemania, como motor económico europeo y poderosa influencia en el resto de la UE es clave en la lucha global.
Greenpeace Alemania considera que el plan hacia 2038 no permitirá que Alemania cumpla con su contribución para lograr el objetivo de 1.5 grados que se acordó de manera vinculante en el acuerdo climático de la ONU en París bajo el derecho internacional. Según Greenpeace, la ruta de desmantelamiento actual para las centrales eléctricas de lignito, en la que la mitad de la capacidad de la red solo se desprenderá después de 2030, generará entre 180 y 200 millones de toneladas adicionales de emisiones de CO2 en comparación con el plan alternativo propuesto.
