La del del 19 de octubre de 1989 será una noche difícil de olvidar para mucha gente. Habían transcurrido apenas tres años desde la gravísima catástrofe nuclear de Chernóbil. Y otro desastre de dimensiones terribles estuvo a punto de suceder en plena península ibérica. Fue en la planta atómica de Vandellós I, que sufrió esa tarde un incendio provocado por un fallo mecánico en el generador que causó varias explosiones.
Esta planta sumaba en esos días diecisiete años de funcionamiento. Su día a dí dependía de la compañía Hispano-Francesa de Energía Nuclear S.A. (Hifrensa). Del mismo modo que en época más reciente ha sucedido en la central japonesa de Fukushima, el accidente de Vandellós se debió a errores de los reguladores y de la industria nuclear. De hecho, tres años antes, en 1986, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) había ordenado a la empresa propietaria de la central que realizase correcciones en el sistema de seguridad. ¿Adivinan que e hizo? Si, tres años más tarde todavía nada.
A sólo tres grados del desastre: Horas frenéticas que por suerte no acabaron en catástrofe nuclear
Desde Ecologistas en Acción recuerdan con motivo de este treinta aniversario los detalles del accidente. Los técnicos avisaron a Protección Civil cinco minutos después de detectar lo sucedido, y a las 22:11 horas el titular de la central, la empresa Hispano Francesa de Energía Nuclear SA (Hifrensa), comunicó el incidente al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El incendio se extendió rápidamente a través del cableado, que no era ignífugo. Afectó gran parte de la instalación de control del turboalternador, la alimentación eléctrica de potencia, el ordenador central que controlaba el reactor… Fue especialmente importante el hecho de que el calor del incendio rompió la junta de dilatación de una tubería que llevaba agua para refrigerar el reactor, provocando una inundación en la parte baja del reactor con agua de mar anegando dos de los cuatro turbosopladores que refrigeran el reactor. La falta de agua y los dos ventiladores en el sistema de refrigeración hicieron que el núcleo se calentara cada vez más.
Pasadas las cuatro de la madrugada, con el apoyo de los técnicos y de los bomberos, se logró extinguir el incendio y reactivar manualmente el circuito de refrigeración apagando la central. Sin embargo, la temperatura del reactor quedó a tres grados de producir una catástrofe. Según un informe del CSN posterior, también se constató que la temperatura de las piscinas de contención y la presión interna del reactor rozaron los máximos admisibles.
Vandellós I fue sometida a un largo y caro proceso de desmantelamiento
La Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES) consta de siete niveles. El accidente en Vandellós I se clasificó como importante, con nivel 3. El incendio se pudo controlar sin que se produjera un escape radiactivo al exterior, porque finalmente consiguieron llevar el reactor a parada fría.
¿Qué pasó después de este accidente en Vandellós I? La presión social y movilizaciones ciudadanas fueron entonces clave. Fruto de esa presión, después del «susto», la central atómica de Vandellós I fue sometida a un largo proceso de desmantelamiento. El 31 de julio de 1990 la central nuclear cerró definitivamente. Y desde 1998 el desmantelamiento corre a cargo de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). El combustible gastado (uranio enriquecido) fue llevado a La Hague (Francia). Enresa pagó 250 millones de euros hasta 2010 por este concepto, luego lo amplió por 194 millones de euros más hasta 2017 y desde entonces se paga una penalización de 75.000 euros diarios que serán devueltas a Enresa en el momento del último retorno de residuos, que con los acuerdos actuales debe ser a mediados de 2023. La última fase de clausura de la central será ejecutada todavía en torno al año 2028.
«Tres décadas después del accidente Vandellós I sigue necesitando, financiación, gestión y seguridad. Esta es la realidad de la energía nuclear, con o sin accidentes, es muy cara e imprevisible», ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace. La experta subraya que a la luz de lo sucedido en este y otros casos, queda claro que los beneficios de las centrales nucleares se los llevan las empresas, «pero sus errores los paga la ciudadanía».
