Se ha tenido que llegar al Constitucional para tumbar la reforma de la Ley del Suelo de Extremadura que pretendía legalizar esta urbanización de lujo.
El Tribunal Constitucional declara que la reforma de la Ley del Suelo (LSOTEX) realizada por la Junta de Extremadura para tratar de legalizar el complejo Marina Isla de Valdecañas es inconstitucional. Esta reforma había sido aprobada por la Asamblea en el año 2011, sumando los votos a favor de PSOE y PP. Una mayoría de diputados de la asamblea extremeña trataba de respaldar así legalmente el complejo Marina Isla Valdecañas, ciudad de lujo proyectada sobre un espacio en la Red Natura 2000.
Este movimiento fue recurrido tanto por la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) como por Ecologistas en Acción. En su argumentación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, las organizaciones ecologistas solicitaron que se plantease una Cuestión de Inconstitucionalidad por la Sala contra dicha reforma legislativa de la LSOTEX. Los argumentos parecían evidentes y claros: se trataba de una ley singular dictada para evitar los efectos de la sentencia y además contradecía la legislación básica estatal al permitir urbanizar suelo no urbanizable (en la actualidad suelo rústico) integrado dentro de la Red Natura 2000.
Más de doce años de procedimiento y tres sentencias favorables contra la urbanización de Valdecañas
Una ciudad de lujo, viviendas de alto coste, una playa, un puerto, varios hoteles, centros de investigación médica y un campo de golf fueron el anzuelo para la denominada Marina isla de Valdecañas. S.A. Era un pretendido complejo turístico de salud, paisajístico y de servicios y que, como señaló posteriormente el propio TSJ de Extremadura, no era nada más que un resort urbanístico de lujo que lejos de tener un interés general acreditado para Extremadura «sólo respondía a los intereses económicos del propio promotor». Es más, las instalaciones como el centro de convenciones o el de investigación médica que sirvieron para justificar la utilidad pública del proyecto han sido transformadas para convertirse en más apartamentos.
Las organizaciones ecologistas manifiestan su satisfacción tras más de doce años de procedimiento y tres sentencias favorables e instan a los responsables de este desatino que asuman su responsabilidad aceptando y ayudando a ejecutar las sentencias de restauración del suelo a su estado previo. Para Adenex y Ecologistas en Acción, a pesar de todo el tiempo transcurrido, aún queda pendiente la responsabilidad política de todas las administraciones y representantes tanto del Gobierno como de la Asamblea de Extremadura.
