Intensa oposición al nuevo asalto de Bolsonaro al Amazonas

Foto: © Daniel Beltrá – Greenpeace

Califican de “irresponsabilidad criminal” la tentativa de aprobar la llamada MP 910.

Ex ministros de Medio Ambiente, centrales sindicales, campesinos, ONGS y movimientos sociales diversos expresan en Brasil su absoluto desacuerdo a la llamada Medida Provisional 910 del actual gobierno brasileño. Se trata de un decreto emitido en diciembre pasado y a través del cual el ejecutivo de Jair Bolsonaro crearía el marco para “legalizar” el acaparamiento ilegal de tierras que se ha venido realizado a través de deforestaciones, incendios y despliegue de macro explotaciones, especialmente en la selva amazónica.

En vísperas de otra más que probable temporada de incendios en el Amazonas según los expertos, la aprobación de esta medida agravará aún más la situación de los pueblos indígenas y los más vulnerables en el Amazonas, que están librando una batalla no solo contra el nuevo coronavirus sino también contra los madereros, los acaparadores de tierras y los mineros, que aprovechan el debilitamiento de los órganos para combatir el crimen ambiental y avanzar sobre el bosque.

El lobby agrícola viene presionando con dureza, según denuncian los ecologistas brasileños, para que sea aprobado en el Congreso antes de llegar a la fecha límite establecida, el 19 de mayo de 2020. El ejecutivo y los sectores favorables a esta apropiación legal de tierras públicas e indígenas están usando entre otros argumentos el actual contexto excepcional por la pandemia de coronavirus. En el otro lado, hasta ocho ex ministros brasileños de Medio Ambiente han exigido al presidente del Congreso que evite que esta lesiva medida sea votada.

“Irresponsabilidad criminal”

“Como si no fuera suficiente estar en medio de una pandemia, hay una aceleración de la deforestación en el Amazonas y la proximidad del comienzo de la temporada de incendios forestales, con la intensificación de conflictos que involucran invasiones de tierras y la intensificación de la violencia contra agentes de agencias ambientales. Aprobar esta medida constituye una irresponsabilidad criminal”, expresan en una carta abierta varias asociaciones ambientales.

“Sin audiencias, debates y la participación efectiva de la sociedad, el Congreso Nacional solo debería votar sobre proyectos y medidas urgentes y relevantes para minimizar los efectos de la pandemia y brindar seguridad a la población”, subrayan desde Greenpeace Brasil. “Es inaceptable que, en medio del caos causado por la pandemia que estamos experimentando, los reveses ambientales se incluyan en la agenda para votar en el Congreso, en el que la participación de la sociedad civil y las discusiones son limitadas”, ha declarado Luiza Lima, de la campaña de Políticas Públicas del Greenpeace. “Poner este parlamentario a votación ahora será otro golpe para los bosques, su gente y nuestra democracia”, subraya Lima.