Más ciencia, urgencia y ambición en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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Foto: Greenpeace
  • Más de 400 personas del mundo de la investigación y la ciencia han firmado un manifiesto dirigido al Congreso para defender que la ley establezca un comité científico fuerte e independiente que evalúe la futura política de cambio climático en España
  • Así lo reclaman los principales grupos ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF entre una serie de enmiendas enviadas a los grupos políticos en el Congreso de cara a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Con los grupos políticos a punto de presentar sus enmiendas al proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, los principales grupos ecologistas a nivel estatal, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, alertan sobre la necesidad de una ley con mucha más ambición y urgencia, así como un mayor respaldo científico en los objetivos, junto con una propuesta firme y detallada de un comité científico de personas expertas e independientes.

En este sentido, las organizaciones ecologistas apoyan plenamente el manifiesto por la ciencia y piden la creación de un comité fuerte e independiente para el cumplimiento de la ley de cambio climático, en línea con otras leyes estatales ya aprobadas en países de nuestro entorno. La formación de este comité deberá incluir los mecanismos necesarios para asegurar la participación de las mujeres en él, como forma de impulsar la equidad de género en políticas climáticas como así viene indicado tanto a nivel europeo como internacional. El manifiesto, hecho público el martes 6 de octubre de 2020, está abierto a adhesiones y ya ha sido firmado por más de 400 personas del mundo de la investigación y la universidad, más de 100 catedráticos y catedráticas, además de varias sociedades científicas, entre ellas SEO/BirdLife.

Comité de personas expertas

La comunidad científica estima que hay que definir desde el principio la función de este nuevo órgano independiente, por lo que exigen que la norma marque ya unos requisitos básicos de funcionamiento. El texto del manifiesto considera fundamental la constitución de un Comité de personas expertas, transparente y con capacidad de evaluar la actuación del Gobierno. Para ello, la ley debe asegurar su independencia de grupos de presión, especialmente de influencias partidistas y empresariales, tanto en su composición y nombramiento como en el ejercicio de sus funciones. Además, debe dotarse de recursos suficientes y favorecer la transparencia mediante la publicación de sus informes.

«El comité –señala el manifiesto– formaría parte de una apuesta imprescindible por el conocimiento como elemento clave para el progreso de nuestra sociedad a la hora de buscar las mejores salidas posibles a las múltiples crisis -ambiental, social, laboral y económica- asociadas a la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y la pandemia».

Durante los últimos tres meses, las cinco entidades ecologistas han presentado y debatido una serie de posibles enmiendas al texto legislativo en reuniones con la mayoría de los grupos políticos en el Congreso. El plazo para la presentación de las enmiendas de los partidos acaba este miércoles y pasa directamente a la negociación de una nueva versión del proyecto de ley en base a las enmiendas capaces de generar un consenso o mayoría de votos en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del Congreso.

Para estas organizaciones, ir mucho más lejos en los objetivos de reducción de las emisiones, en línea con una reducción de emisiones de un 55 % para 2030 respecto al 1990 en lugar del 20 % propuesto por el Gobierno, es un pilar fundamental para el texto legislativo, junto con una serie de enmiendas asociadas que apuntan a más ambición y urgencia en relación con las energías renovables, el abandono de las energías nuclear y fósil, y los coches de combustión.

TEXTO COMPLETO – MANIFIESTO<

Manifiesto por un Comité de Expertos fuerte e independiente en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Ante la emergencia climática y ante la fase final de la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica en las Cortes, las sociedades científicas y científicos que suscriben este documento manifiestan:

Que son cada vez más los países que se han dotado de leyes estatales que establecen un órgano independiente de personas expertas en cambio climático (mayoritariamente del ámbito de la ciencia) que asesora y evalúa la acción del gobierno. Los estudios de buen gobierno reconocen esta figura como un elemento esencial de un marco institucional y legislativo a la altura del reto climático – y la opinión pública lo respalda. Además, basar las acciones climáticas en la ciencia es la reclamación central de las protestas de la juventud que han dinamizado la lucha contra el cambio climático en los últimos años.

El objetivo es que los gobiernos cuenten en todo momento con el mejor conocimiento científico como base para la toma de decisiones; que sean capaces de demostrar cómo han tenido en cuenta la ciencia y el conocimiento en la toma de decisiones después de sopesar distintas cuestiones de impacto económico, social y ambiental; y que la ciencia de alguna forma evalúe si las decisiones y medidas tomadas por los gobiernos tienen como base el mejor conocimiento científico y si obtienen los efectos deseados.

El Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética presentado por el Gobierno a las Cortes propone crear un comité de este tipo, pero sin detallar suficientemente sus competencias, dejándolo para un desarrollo reglamentario posterior. No obstante, consideramos que es fundamental establecer con más detalle en la Ley algunos requisitos mínimos para el Comité, y expresar con más claridad las obligaciones del gobierno de tener en cuenta la ciencia en la toma de decisiones.

Por ello, en relación con el Comité de expertos, los abajo firmantes manifestamos que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe asegurar:

1) Su independencia de grupos de presión, especialmente de influencias partidistas y empresariales, tanto en su composición y nombramiento como en el ejercicio de sus funciones.
2) Su independencia y estabilidad económica, para que cuente con los recursos suficientes para el desarrollo de sus funciones (honorarios, personal de apoyo, contratación de estudios, etc.)
3) Que además de la función asesora actualmente prevista, tenga también una función de evaluación y control de la acción del gobierno en la aplicación de la ley.
4) En particular, que el gobierno tenga que solicitar la opinión del Comité antes de momentos clave de toma de decisiones (p.ej. aprobación o modificación de objetivos, planes, estrategias o presupuestos) y publicar sus decisiones, justificadas motivadamente, oído el Comité;
5) Que el Comité tenga que evaluar las decisiones tomadas por el gobierno y la puesta en marcha de las medidas asociadas.
6) La transparencia del Comité, por ejemplo mediante la publicación de sus informes y otros escritos, además de los resultados de sus reuniones.

Con el objetivo de garantizar la estabilidad del Comité en el tiempo, es importante que todos estos aspectos sean resueltos en la Ley y no en un desarrollo reglamentario posterior, que siempre podría ser modificado por otro ejecutivo, sin contar con el suficiente apoyo parlamentario.

Un comité de este tipo sería una garantía para cualquier gobierno, además de los partidos de la oposición, el parlamento, las empresas y para la ciudadanía. Adicionalmente, junto con una referencia más clara a la ciencia como eje central de la ley, el comité formaría parte de una apuesta imprescindible por el conocimiento como elemento clave para el progreso de nuestra sociedad a la hora de buscar las mejores salidas posibles a las múltiples crisis ambiental, social, laboral y económica asociadas a la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y la pandemia.

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