El tren de cercanías concentra el 90% de los viajeros y sólo un 5,5% de inversiones

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Imagen de 유봉, yubong 정,Jenog en Pixabay

Un ejemplo de la necesidad de cambiar radicalmente el modelo de transporte tras años de inversiones desmesuradas.

La ausencia de conexión entre las obras planificadas y el presupuesto dedicado a las mismas. Los planes de infraestructuras reducidos a un listado de obras «inverosímil por su dimensión y por los inviables plazos previstos para finalizarlas»… Son problemas subrayados por la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), en su Estudio de Infraestructuras de Transporte, donde se analiza la gobernanza y los procesos de toma de decisiones.

Greenpeace ha analizado este documento y su conclusión es clara: «España necesita cambiar radicalmente su modelo de transporte tras años de inversiones desmesuradas y con importantes carencias de planificación y evaluación».

Ausencia de planificación real frente a presiones e intereses

A la luz del informe de AIReF las nuevas obras se han ido priorizando en función de las presiones e intereses de cada comunidad autónoma, basadas en un supuesto “agravio comparativo” entre ellas, y abocando a la sobredotación de infraestructuras por todo el territorio.

Esto ha afectado gravemente a la eficiencia de las inversiones en el sector. Greenpeace ve confirmadas en este estudio las denuncias realizadas durante años sobre la construcción de infraestructuras sin más criterio que extender vías de alta capacidad en toda España. Una construcción que no consideraba la demanda real ni el beneficio social de las obras.

«Las inversiones se han dedicado a prometer “la triple A” (Autopistas, Aeropuertos y Ave) infravalorando notablemente los costes de las inversiones y sobreestimando la demanda de viajes», exponen. Greenpeace ha colaborado en el proceso de consulta de este informe aportando su experiencia en la evaluación de los diferentes planes estatales de infraestructuras (PEIT, PIT, PITVI…) y especialmente desde la visión del impacto del transporte en el clima y la biodiversidad.

Transparencia y participación pública

Para corregir esta situación, desde AIReF consideran imprescindible mejorar la transparencia en los procesos de toma de decisiones, garantizando la participación pública en la fase de planificación. Una demanda que Greenpeace ha reivindicado en varias ocasiones. «Para los colectivos sociales, como las ONG ambientales, no es fácil acceder a los criterios de planificación de infraestructuras», ha afirmado Adrián Fernández, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace.

«Cuando recibimos peticiones desde los territorios para protestar por el impacto de una nueva autopista, por ejemplo, solo hay tiempo para proponer medidas correctoras. Pero no existe forma de cuestionar si de verdad esa autopista tiene demanda o es innecesaria. Esas decisiones se basan en compromisos políticos, sin atender a criterios técnicos que justifiquen que se haya elegido la solución adecuada», lamenta Fernández.

El desbarajuste en inversiones ferroviarias es un claro ejemplo

El informe de la AIReF se refiere específicamente a las nuevas Líneas de Alta Velocidad (LAV) en España, la segunda red más extensa del mundo después de China y, paradójicamente, con una intensidad de uso más baja que otros países con este tipo de red. «Nuestra red ferroviaria ofrece una gran sobrecapacidad que debe servir para atraer viajeros al ferrocarril en detrimento de otros modos más contaminantes, como el automóvil o el avión», analiza Greenpeace.

Desde la AIReF también se señala la desigualdad de inversiones en los servicios de Cercanías, 15 veces inferior a la Alta Velocidad. En el período 1990-2018 la inversión total en infraestructuras de Cercanías ascendió a 3.680 millones de euros (131 millones/año), una cifra que contrasta con los 55.888 millones de euros invertidos en alta velocidad (1.550 de media anual).

A pesar de la escasa inversión, su demanda se ha duplicado en este periodo, pues no en vano Cercanías es un medio de transporte fundamental para las ciudades por su alta capacidad (hasta 40.000 viajeros/hora, el equivalente a una autopista de 30 carriles) y porque evita la congestión de la red viaria. Greenpeace denuncia que Cercanías sólo ha recibido el 5,5 % de las inversiones comprometidas en Madrid, Barcelona y Valencia, a pesar de que 9 de cada 10 usuarios del tren utilizan este servicio.

Propuestas hacia la futura Ley de Movilidad

El sector del transporte lidera desde 2018 las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en España. De cara a la elaboración de la futura Ley de Movilidad, Greenpeace propone una política de financiación más favorable al ferrocarril y al transporte público bajo el principio de “quien contamina paga”. Así, consideran que modos contaminantes como la carretera y la aviación compensarían las externalidades ambientales que generan.

De esta forma se conseguiría dotar al tren de tarifas justas y accesibles a todos los perfiles sociales, lejos del perfil elitista asociado a la Alta Velocidad con tarifas poco competitivas frente a una aviación “low cost” que se beneficia de importantes beneficios fiscales, como la ausencia de impuestos sobre el carburante o sobre sus emisiones de CO2.

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