Representantes políticos se apresuran a evitar asumir responsabilidades por la denuncia europea por contaminación del aire. Pero la realidad y las hemerotecas son tozudas y claras.
«La contaminación nunca es un problema sanitario». La absurda frase fue pronunciada por la entonces delegada de Medio Ambiente en Madrid, y posteriormente alcaldesa, Ana Botella. «Lo que de verdad asfixia es el paro», se atrevía incluso a ironizar esta representante política durante uno de los más graves episodios de contaminación en Madrid a principios de la década actual. Recuerda Greenpeace que, en ese escenario, no sería hasta cuatro años más tarde, 2015, cuando por fin entraba en vigor en la ciudad el primer protocolo anticontaminación.
Por este motivo, el colectivo ambientalista lo tiene claro. Los responsables de la llamada de atención de Europa esta semana son principalmente los gobiernos de Madrid y Barcelona. «Ignoraron el problema negándose a tomar medidas contra los vehículos contaminantes». Aunque la directiva 2008/50/UE entró en vigor en 2010, Madrid no implantó su protocolo hasta 2015 y Barcelona tardó incluso más, lo hizo en 2017.
Políticos que rechazan responsabilidades
En la misma línea, desde Ecologistas en Acción afirman estar «estupefactos» por las declaraciones de alcalde y vicealcaldesa en Madrid rechazando responsabilidades en la denuncia de la Comisión.
«Nada más lejos de la realidad. Un repaso a los hechos muestra cómo tanto desde los sucesivos gobiernos del PP, como desde la oposición, han negado siempre que tuviéramos un grave problema de contaminación del aire», recuerdan. De hecho, incluso «han tratado de boicotear medidas de otros grupos para mejorar la situación», como el Plan A o Madrid Central. No es excusa, subrayan, argumentar que ahora llevan mes y medio en el gobierno municipal. Menos todavía cuando han hecho bandera de su oposición al proyecto de Madrid Central, clave en la estrategia para iniciar la solución al grave problema.
«Ya advertimos que la incertidumbre generada por el Ayuntamiento de Madrid, que llegó al poder prometiendo acabar con Madrid Central, podría acarrear graves sanciones de Bruselas», afirma Adrián Fernández, responsable de Movilidad de Greenpeace. «Los recientes hechos han minado la confianza de los comisarios europeos. No se fían de un Ayuntamiento que, a día de hoy, todavía no ha presentado un plan alternativo».
Veinte años mirando hacia otro lado
«Los gobiernos del PP siempre se esforzaron en minimizar y banalizar el tremendo problema de salud pública que supone la mala calidad del aire», denuncia Ecologistas en Acción. Recuerdan que la contaminación por dióxido de nitrógeno, generado sobre todo por el tráfico, mata en España a 8.900 personas cada año, según la OMS.
La Directiva 1999/30/CE que se traspuso a la legislación española en 2002 fijaba ya los niveles de dióxido de nitrógeno que se tenían que cumplir el 1 de enero de 2010. Daba, hace casi veinte años, el margen de una década hasta su obligado cumplimiento. Pero los años pasaron con los responsables políticos mirando hacia otro lado. Álvarez del Manzano (PP) era alcalde desde 1991, fue sustituido por Ruiz-Gallardón (PP) en 2003 y este por Ana Botella (PP) en 2011, estando en el poder hasta 2015.
Ya con los límites legales por dióxido de nitrógeno vigentes y rebasándolos sistemáticamente, la alcaldesa Botella evitó afrontar el problema. El equipo de Botella centró sus esfuerzos no en reducir la contaminación a niveles tolerables, sino a conseguir una prórroga de cinco años para evitar el cumplimiento de la norma. Prórroga que fue rechazada por la Eurocomisión con advertencia de que eran necesarias «medidas más estrictas». «A pesar de ese revés, el documento se convirtió, sin cambiarle ni una coma, en el Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid 2011-2015», recuerda Ecologistas en Acción.
Grave situación también en Barcelona
«Igualmente preocupante es la tendencia en Barcelona», destaca Greenpeace. Recuerdan que medidas como la unión del tranvía, el proyecto de supermanzanas o la extensión de la red de carriles bici han sido fuertemente criticadas por diferentes sectores. Advierten de la fuerte presión de quienes defienden un diseño urbano que siga priorizando al automóvil frente al resto de modos de transporte. Según Greenpeace, la Zona de Bajas Emisiones que entrará en vigor en 2020 «es necesaria pero insuficiente». Medidas como las de un peaje urbano o iniciativas contra la saturación marítima y aérea que sufre la ciudad serán imprescindibles en breve para afrontar el grave problema, señalan.
