El gobierno indonesio confirma el plan de creación de una nueva urbe destinada a ejercer la función de capital del país en el futuro.
El calentamiento global se deja sentir especialmente en una de las zonas más superpobladas del planeta, la ciudad de Jakarta, capital de Indonesia. Se trata de un área a la que la subida del nivel de los océanos afecta especialmente. Y de forma alarmante, tiende a hundirse en el Mar de Java, afectada además por otras agresiones ambientales como los excesos en la explotación de los acuíferos subterráneos.
En esta área de apenas 750 kilómetros cuadrados asentada sobre terreno pantanoso cruzado por varios ríos y propensa a inundarse viven más de diez millones de personas. Cifra que se multiplica por tres si consideramos el área metropolitana. En declaraciones a la BBC, un experto local aseguraba que según las proyecciones actuales, en 2050 el 95% del norte de Jakarta quedará sumergido bajo las aguas del Mar de Java. Esta zona ya se ha hundido dos metros y medio en la última década, y se detecta un hundimiento adicional de 25 centímetros por año. Es mucho más del doble de la media de otras áreas costeras amenazadas en todo el mundo.
El gobierno indonesio ha decidido el lugar pero no el nombre de la nueva capital
«Como gran nación que ha sido independiente durante 74 años, Indonesia nunca ha elegido su propia capital», ha comentado en un discurso televisado recogido por la CNN el presidente Joko Widodo. El político se ha referido también a la elevada presión demográfica y económica de la actual área metropolitana de Jakarta para justificar la decisión. Después de meses en los que ya habían surgido las primeras informaciones al respecto, ahora se van concretando datos. El ejecutivo prevé que el proyecto cueste no menos de 30.000 millones de euros y tarde sobre una década en estar operativo.
La actual capital Jakarta está en la Isla de Java. Y para la construcción de la nueva urbe se ha escogido una zona entre las actuales ciudades de Balikpapan y Samarinda en la vecina Isla de Borneo. No obstante, los planes han recibido ya algunas críticas. Economistas, asociaciones o incluso un ex ministro de Medio Ambiente han puesto objeciones a la propuesta planteada por el ejecutivo.