Impunidad para exportar armas ilegalmente gracias a una ley franquista


Greenpeace denuncia cómo la ley de secretos oficiales cierra las puertas a la transparencia y al control al Gobierno.

El juzgado de instrucción número 53 de Madrid, ha inadmitido una querella interpuesta por la asociación de juristas Sociedad Humana para que se investiguen los términos de la autorización del Gobierno al envío en septiembre de 2018 de 400 bombas guiadas a Arabia Saudí.

La argumentación judicial para no admitir la querella se basa en que es necesario aportar la autorización del envío de las bombas. Obviamente el documento existe y está en una carpeta oficial del gobierno. Pero la asociación querellante no tiene acceso: está protegida por la Ley de Secretos Oficiales, y el juzgado no accedió a solicitarlo al gobierno español. El juzgado considera, además, que la jurisdicción competente para conocer de este asunto es la contencioso-administrativa, y no la penal.

“Resulta irónico que para poder investigar la comisión de una presunta prevaricación por parte del Gobierno, la justicia exija que se presente la licencia de autorización de la venta, que el propio Gobierno tiene la potestad de ocultar con base en la ley franquista de Secretos Oficiales. Gracias a esta ley, la venta de armas está fuera del control del Parlamento y de la sociedad civil, aun cuando, como este caso, el secretismo del envío podría implicar una grave violación de los derechos humanos. La justicia debería cumplir con su función constitucional de controlar a los demás poderes del Estado, y pedir al Gobierno que le autorice a conocer el contenido de la licencia cuyo contenido se está tratando de impugnar”, ha declarado Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace.

Armamento usado en la guerra de Yemen

Sociedad Humana señala que este armamento pudo haber sido utilizado en la guerra de Yemen, en la que participa una alianza de países liderada por Arabia Saudí, que está cometiendo graves crímenes y violaciones de derechos humanos contra la población civil del país.

Según la legislación española e internacional, está prohibida la exportación de armamento a lugares en conflicto, que pueda ser usado para cometer violaciones de derechos humanos, por lo que autorizar este tipo de transacciones podría ser constitutiva de un delito de prevaricación.