«La falta de transparencia en el comercio de armas es extrema e injustificada»

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Fotos: © Amnesty International. Efectos de los bombardeos de la coalición saudí en Yemen. (vía informe «Armas bajo control», de Greenpeace

Greenpeace recurre ante el Consejo de Transparencia la negativa del Gobierno a informar sobre la norma que «oculta» las exportaciones de armas.

*Actualización a 30 de julio de 2020

El 11 de marzo de 2020 Greenpeace solicitó, al amparo de la Ley de Transparencia, una copia del acuerdo de 1987, de imposible localización en los registros públicos de acceso general, que «oscurece» los procesos de exportación de armas. El 1 de junio de 2020 se reanudaron los plazos administrativos suspendidos por el Real Decreto del estado de alarma. Por tanto, habiendo transcurrido más de un mes sin contestación, se entiende desestimada la petición por silencio administrativo.

Ante este silencio del ejecutivo español, Greenpeace España ha interpuesto un recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), contra la denegación del Gobierno de entregar una copia del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 13 de marzo de 1987, que declaró «materia clasificada» las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), responsable de autorizar la exportación de armas.

Entramado legal para ocultar el comercio de armamento

Conocer los términos de este acuerdo de 1987 es importante porque el Gobierno se ampara en él, así como en la ley franquista de Secretos Oficiales (LSO), para no tener que informar sobre autorizaciones o licencias concedidas para la exportación de armas, como las controvertidas exportaciones a Arabia Saudí por su involucración en la guerra de Yemen.

El gobierno español se ampara en este entramado de normas para ocultar a ciudadanía y Parlamento una información que permitiría exigir la rendición de cuentas sobre dichas autorizaciones. Esta medida, lejos de afectar a la seguridad nacional, «permitiría salvar vidas y contribuir a la paz», subraya Greenpeace.

«El Gobierno sabe de sobra que exportar armas a países que pueden usarlas en la comisión de violaciones de derechos humanos, como las que suceden a diario en el conflicto de Yemen, además de inmoral es ilegal, lo que explica su interés por ocultar el posible uso de armas españolas en este conflicto», ha declarado Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace España. «La falta de transparencia en el comercio de armas es extrema e injustificada, y parece responder más a los intereses multimillonarios de la industria armamentística que a la salvaguarda de la seguridad nacional», ha añadido Ruiz-Huerta.

Entre 2018 y 2019 se autorizó la exportación de armas por valor de 21.825 millones

*Actualización a 27 de junio de 2020

Pancarta en la que se lee "Armas Bajo Control"
Imagen: Armas Bajo Control

En contexto de crisis económica preocupa que la promoción de las exportaciones españolas se anteponga al cumplimiento de la ley y al respeto de los derechos humanos.

Las organizaciones que forman la campaña Armas Bajo Control (Oxfam Intermón, Greenpeace, FundiPau y Amnistía Internacional), tras analizar la información sobre exportaciones de armas de 2018 y 2019, piden al Gobierno que suspenda de forma inmediata las exportaciones de armamento a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Israel, por ser una violación de la legislación vigente y exponerse a ser cómplice de la comisión de crímenes de derecho internacional en los Territorios Palestinos Ocupados (en el caso de Israel), Yemen, Siria o Libia, donde operan grupos armados apoyados por los saudíes y EAU. El comunicado de la plataforma llega pocos días antes de la comparecencia, el lunes 29 de junio de 2020, del Gobierno español en la Comisión de Defensa del Congreso para rendir cuentas sobre exportaciones de armas españolas.

Volumen récord de autorizaciones

Desde la campaña Armas Bajo Control critican el «intolerable manto de secretismo» del sector armamentístico en este ámbito, recordando que desde 2018 no se había realizado ninguna comparecencia del gobierno en esta Comisión.

Al hilo destacan el volumen récord de autorizaciones que entre 2018 y 2019 ascendieron a 21.825 millones de euros, de los que ya se han exportado 7.880 millones de euros. Esto hace prever que, a menos que se revoquen algunas autorizaciones, «continuará el aumento de las exportaciones iniciada con las medidas de apoyo a la exportación de armas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy con la crisis de 2008». Tanto es así que en el periodo 2015-2019 se autorizaron exportaciones por valor de 58.806 millones y que se han materializado en unas ventas de 4.000 millones anuales de media.

«Beneficios económicos cortoplacistas»

Armas Bajo Control lamenta que en el contexto de crisis económica que ha causado el coronavirus «se antepongan unos supuestos beneficios económicos cortoplacistas al respeto a la legislación que prohíbe vender armas para cometer atrocidades». Las ONG recomiendan avanzar progresivamente hacia el establecimiento de un modelo de control parlamentario previo para exportaciones sensibles, como ocurre en otros países exportadores como EEUU.

Armas Bajo Control alerta al Ejecutivo del historial de desvío de armas no españolas exportadas a Irak, Egipto y Turquía «que fueron desviadas para cometer atrocidades en Yemen, Libia o Siria». En algunos de estos casos se han documentado armas estadounidenses, belgas, suizas, alemanas y británicas que acabaron en manos de milicias en Yemen, incluidas algunas vinculadas al Estado Islámico y Al Qaeda. Ante esta situación, las ONG reclaman medidas de control para evitar posibles desvíos, incluida la denegación de las autorizaciones de exportación de armas a Irak, Egipto y Turquía, ante el riesgo evidente de desvío para cometer violaciones de derechos humanos.

Reclaman la reforma de la ley franquista de Secretos Oficiales de 1968

Las ONG piden que los grupos parlamentarios impulseb la tramitación con urgencia de la reforma de la ley franquista de Secretos Oficiales de 1968 para adecuarla a las normas internacionales de derechos humanos.

Esta reforma debe garantizar el principio general de transparencia y asegurar que la nueva norma no limita el acceso a información para prevenir, reducir o mitigar abusos y violaciones de derechos humanos en el comercio de armas y la rendición de cuentas del Gobierno. También debe permitir que las autorizaciones sean públicas y recurribles ante la justicia; establecer la obligatoriedad de motivar la clasificación de materia “secreta” y excluir de dicha clasificación las materias que afectan a los derechos humanos.

Luces y sombras

Tras asumir el poder en verano de 2018, el Gobierno del PSOE denegó una exportación de bombas a Emiratos Árabes Unidos que, junto a Arabia Saudí, ha llevado a cabo más de 21.000 bombardeos en Yemen desde marzo de 2015. Recuerdan desde Armas Bajo Control que estos ataques aéreos han causado cerca de 19.000 víctimas civiles que, junto al cólera y la COVID-19, han provocado la mayor catástrofe humanitaria actual, según la ONU.

En el segundo semestre de 2018 el Gobierno no aprobó ninguna autorización a Arabia Saudí ni firmó nuevos acuerdos con ese país, una suspensión de facto similar a la de varios países europeos. Esto se refleja en un descenso de las exportaciones en 2019 a este país hasta los 35 millones de euros. Sin embargo, el aumento de exponencial de las autorizaciones en 2019 podría significar una subida relevante de las exportaciones en 2020.

La aprobación por el Gobierno en abril de un Protocolo de Verificación y un nuevo Certificado de Último Destino como respuesta a las demandas sociales se vio como un avance aunque, lamentablemente, se desconoce cómo se va a aplicar, por lo que puede convertirse en una “medida florero” si no incluye garantías legalmente vinculantes que garantice que las armas exportadas no se emplearán contra la población civil.

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