Para maximizar el hacinamiento en granjas se atiborra de medicamentos a animales que no están enfermos.
Desde la organización Justicia Alimentaria, heredera de Veterinarios sin Fronteras, nos recuerdan que anualmente mueren alrededor de 35.000 personas sólo en España debido a la resistencia a los antibióticos. Estas alarmantes cifras se deben a la creciente resistencia de las bacterias a estos fármacos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que de no tomarse medidas urgentes vamos a ver como múltiples infecciones hasta ahora comunes y consideradas menores se volverán potencialmente mortales.
Justicia Alimentaria subraya como responsables a las malas prácticas de la industria ganadera. Señalan que las granjas acostumbran a abusara del suministro de antibióticos a los animales. Y es que en realidad, la mayor parte de estos antibióticos no se le está dando a animales enfermos, sino a animales sanos. La razón es tratar de mantener así las condiciones típicas de hacinamiento de miles de animales en las granjas industriales de cerdos, pollos o bovinos. Este hacinamiento multiplica la aparición de patologías, básicamente por la misma acumulación animal (y de densidad de agentes infecciosos) y por la situación de estrés que genera una inmunosupresión crónica. «Antes de que los animales se pongan enfermos se le suministran antibióticos. Esto supone que pagamos la sobremedicación de los animales con nuestra salud», sentencia Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria.
Existen normas sobre uso de antibióticos, pero un bajo nivel de control de su cumplimiento
El reciente Reglamento 2019/6 de la Unión Europea es un paso en positivo para la reducción de la presencia de antibióticos en la ganadería industrial. Establece que los antimicrobianos no pueden usarse de forma rutinaria y tampoco, otra práctica reprochable y ya prohibida, usarse para potenciar el crecimiento de los animales.
Como novedad se fija que no se deben usar para la profilaxis (proteger o preservar de enfermedades) y, en el caso de la metafilaxis, solamente cuando el riesgo de propagación de una infección en el grupo de animales sea alta y no existan otras alternativas apropiadas disponibles. Además estos productos siempre deben usarse previa receta veterinaria y será el equipo veterinario quien decida, después del diagnóstico correspondiente, que no existe otra opción.
Justicia Alimentaria considera que aunque el reglamento es un avance, por desgracia no se fijan medidas de control y fiscalización que aseguren que las recomendaciones se cumplen en las granjas industriales. «No sería la primera vez que una normativa adecuada se queda en papel mojado por falta de instrumentos de control y coacción sobre los agentes económicos implicados». Por esta razón solicitan que el gobierno español complemente la regla europea con medidas concretas que incluyan además sanciones y fijen objetivos específicos de reducción de uso de antibióticos.
