Los ecologistas felicitan este paso adelante, pero piden medidas más ambiciosas y concretas.
En respuesta «al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía», justificaba este martes 21 de enero de 2020 el gobierno español su decisión de aprobar el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España.
Este paso implicará, según avanza el ejecutivo estatal, la adopción de 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días, para combatir el cambio climático con políticas transversales. Entre estas estarían la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Cambio Climático, la definición de la senda de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050 y la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que incluirá la participación de los jóvenes.
En su declaración oficial, el gobierno afirma mostrar así «el compromiso y la prioridad otorgada a esta agenda en un contexto de grandes riesgos económicos y sociales por los impactos del cambio climático, como acaba de reconocer el informe anual del Foro de Davos, que cita la falta de ambición en mitigación y adaptación al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos como la dos amenazas de mayor magnitud para la economía global, o el Nuevo Pacto Verde que pondrá en marcha la Comisión Europea».

Medidas más ambiciosas para no superar los 1,5 grados, reclaman los ecologistas
Ante el anuncio se han pronunciado los principales colectivos ecologistas. Así por ejemplo, Greenpeace aplaude la voluntad del Gobierno de priorizar la emergencia climática en los primeros cien días, pero demanda más ambición y urgencia en las medidas propuestas. «Aplaudimos los anuncios hechos en el Consejo de Ministros que sitúan la emergencia climática como prioridad en la agenda política. Por ello, es ineludible y urgente que se apruebe una Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y un Plan Nacional de Energía y Clima mucho más ambiciosos que los planteados hasta ahora y que, además, se les dote de procesos de participación pública efectiva», ha declarado Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España. El colectivo anima al Ejecutivo a que haga real el compromiso alcanzado «para impulsar la transformación del modelo industrial y del sector servicios, de modo que favorezcan la sostenibilidad de las actividades económicas y el empleo de calidad».
Desde Ecologistas en Acción también felicitan este paso pero recuerdan que por el momento es una declaración más simbólica que real, «aunque viene a reconocer el momento de emergencia social y ambiental actual, el escaso tiempo de actuación restante y las enormes consecuencias que tendrán que afrontarse como consecuencia de la continua quema de combustibles fósiles». Señalan también que muchas de las medidas prioritarias anunciadas no corresponden a trabajos nuevos «sino a la finalización de importantes piezas legislativas que quedaron pendientes de aprobación en la pasada legislatura«. Entre ellas citan la estrategia a largo plazo, el marco para la transición justa, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la finalización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), compromisos adquiridos ante Unión Europea o Naciones Unidas. «Unos compromisos a los que se llega tarde», ya que por ejemplo el propio reglamento de gobernanza europeo obligaba a los países a presentar no más tarde de 31 de diciembre de 2019 el texto definitivo.
Pasar de la retórica a los hechos
En una línea parecida, desde WWF consideran la declaración un gran paso necesario que, subrayan, debe concretarse. Destacan que los objetivos de la Proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética deben revisarse para que estén alineados con el límite de los 1,5 grados. «De lo contrario, la declaración de Emergencia Climática sería puramente retórica y no contribuiría al cambio sistémico que se necesita». Y en la lista de medidas urgentes de adaptación a los riesgos y cambios que ya se están produciendo por el cambio climático desde WWF reclaman cuatro prioridades:
- La naturalización y restauración de la costa y los ecosistemas costeros (playas, dunas y humedales).
- Destinar al menos un 50% de los fondos de la PAC (Política Agraria Común) a objetivos ambientales y climáticos.
- Reducir las dotaciones de agua para el regadío en función de los impactos climáticos y potenciar una gestión forestal (pública y privada) que conduzca a la existencia de masas forestales menos vulnerables a los grandes incendios destructivos.
- Que el Segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluya soluciones y medidas basadas en la restauración de ecosistemas, donde se identifique y financie la restauración de zonas naturales estratégicas por su función en la prevención de inundaciones, aumento del nivel del mar y riesgo de incendios, entre otras.
De igual forma, desde Amigos de la Tierra exigen que la declaración de Emergencia Climática se acompañe de una hoja de ruta «con objetivos más ambiciosos que los actuales y medidas adecuadas que estén a la altura del problema«. «Estos compromisos deben ser vinculantes y estar acompañados de recursos económicos que los hagan factibles. En un contexto en el que las emisiones no paran de subir año tras año, reducirlas y poner en marcha, por tanto, medidas de adaptación y mitigación son las únicas maneras de proteger el futuro del planeta, de las personas y de los ecosistemas».