Actualizada: 30/7/2019 – 13:15 horas
Por defender tierra, hogares y recursos. Muchos otros han sido también encarcelados.
El mundo sigue estando lleno de lugares peligrosos para la defensa de las ideas, la diginidad y el medio ambiente. Los datos que hace públicos este martes la ONG Global Witness así lo indican. Un año más la violencia ha sido protagonista de la represión de las protestas de miles de personas frente a la defensa de los recursos naturales.
El resultado es que tenemos que lamentar que 164 activistas del medio ambiente han sido asesinados durante 2018. De media, cada semana fueron asesinadas hasta tres personas. La cifra, lamenta Global Witness, es con probabilidad mucho mayor. «Los casos a menudo no están documentados y rara vez se investigan. Es difícil encontrar o verificar evidencia confiable», advierten.
Los asesinatos están mayoritariamente relacionados con la defensa de sus tierras y del medio ambiente y la lucha contra la invasión de diferentes industrias sobre el medio. Global Witness apunta a diversos negocios relacionados con la minería, la tala y diferentes agronegocios como responsables de la represión que, en muchas ocasiones, termina en el asesinato de los activistas.
Además de asesinatos, múltiples casos de represión y amenazas
La ONG británica denuncia que en muchos casos, aparte de los asesinatos, las poblaciones y grupos involucrados sufren una intensa presión para conseguir su silencio. Arrestos, amenazas de muerte, demandas y campañas de desprestigio con apoyo mediático son algunas de las prácticas más habituales para «aplastar» las protestas.
Global Witness llama la atención especialmente en esta ocasión sobre la creciente criminalización de los activistas y sus comunidades. En ese sentido, han registrado múltiples evidencias del uso perverso de tribunales y sistemas legales por parte de gobiernos y empresas «como instrumentos de opresión contra quienes amenazan su poder e intereses». Legislaciones antiterroristas y otras triquiñuelas creadas ad hoc estarían siendo usadas para «prohibir las protestas o silenciar la libertad de expresión».
Filipinas encabeza la lista de asesinatos de activistas ambientales
En 2018 y con 30 asesinatos, Filipinas se destaca a la cabeza del país más peligroso para el activismo ambiental. Un año antes ese dudoso honor lo tenía Brasil. A continuación aparece Colombia, donde 24 personas fueron asesinadas por parecidos motivos. Y en tercer lugar está la India, con 23 muertes. El mayor incremento se ha registrado en Guatemala. Este país registra además la más alta proporción de crímenes contra ambientalistas respecto al número de habitantes.
Por otro lado, los ejemplos de criminalización afectan a múltiples países a lo largo del globo. En el informe publicado esta semana se documenta a modo de ejemplo como indígenas en Filipinas se han enfrentado a amenazas de muerte, han sido encarcelados y sus casas fueron demolidas «por oponerse al uso de sus tierras para cultivar bananas para la venta en los mercados mundiales».
Al tiempo, en Guatemala, un auge de la inversión privada y extranjera ha visto grandes extensiones de tierra entregadas a empresas de plantaciones, minería e hidroeléctricas. Esto provocó una ola de desalojos forzosos y violentos, particularmente en áreas indígenas.
El «primer mundo» también reprime más duramente las protestas ambientales
Global Witness denuncia que la creciente criminalización de los defensores del medio ambiente no se limita a los países en desarrollo o del tercer mundo. En esa línea, citan el caso de tres manifestantes contra el fracking que, en el Reino Unido, «recibieron sentencias draconianas de prisión en 2018». Un caso que ha despertado los temores de que la ley se esté utilizando para frenar el activismo ambiental legítimo.
Y si bien el informe se refiere a 2018, la asociación avisa que en 2019 podría incluso empeorar. «Políticos de todo el mundo están eliminando las protecciones ambientales y de derechos humanos para promover los negocios a cualquier costo», denuncian. Subrayan así el caso de Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsonaro pretende dar todas las facilidades para la explotación de áreas que en la actualidad son reservas indígenas. Y citan también la estrategia energética del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prevé una serie de acuerdos que verían grandes extensiones de tierras nativas entregadas a las compañías de petróleo y gas.
