“Cortar el agua en plena pandemia es una actitud egoísta, insolidaria y mezquina”

Salpicaduras de agua cristalina
La Red Agua Pública alerta de la necesidad de proteger los derechos de la ciudadanía en el contexto de la actual crisis sanitaria.

*Actualización: 2 de octubre de 2020.

El 30 de septiembre de 2020 han prescrito las medidas extraordinarias establecidas por el gobierno español para garantizar el suministro de agua y de prohibir los cortes de suministro para los sectores sociales vulnerables. Desde la Red Agua Pública han reclamado que estas medidas se mantengan, para hacer frente a la crisis sanitaria motivada por el coronavirus.

Advierten que desde la promulgación de ambos decretos ley han pasado seis meses, durante los cuales el impacto de la COVID-19 ha ocasionado un incremento notable del número de familias que se encuentran en condiciones de pobreza extrema, que ya alcanza casi el 68 % de las vulnerables.

Condena a la pobreza a amplios sectores sociales

En este período, la situación económica y social se ha retrotraído a los peores momentos de la crisis financiera de 2008. Además, de acuerdo con el Informe Foessa de 2020, se configura una crisis habitacional que se manifiesta en que el 19,5 % de las familias se han visto obligadas a mudarse a una vivienda más barata y un 13,2 % viven con una inminente amenaza de expulsión o desahucio.

La Red Agua Pública lamenta que a pesar de esta crítica situación social, “el gobierno no ha renovado las medidas de protección a los sectores sociales vulnerables que les ha permitido asegurar su acceso al agua”. “Esto es a todas luces inaceptable, ya que condenará a amplios sectores de la sociedad a una situación que pondrá en peligro su propia integridad física y vital, además de constituir una conculcación flagrante del derecho humano al agua”.

Por este motivo, la Red Agua Pública exige al gobierno que reconsidere la decisión que ha tomado, desoiga cualquier presión del lobby del agua privada para reanudar los cortes de suministro y mantenga las medidas contempladas en los reales decreto de marzo con el fin último de garantizar el derecho humano al agua y “no dejar a nadie atrás”.

Indignación por la posición de la patronal del agua

*Actualización de 22 de abril de 2020.

La difusión pública de los contactos desde la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) con las administraciones españolas, a través de una carta donde se realizan varias exigencias al ejecutivo, ha desatado la indignación en ciudadanía y colectivos sociales.

La misiva expone que AGA quiere poder realizar cortes en el suministro ya que, de lo contrario, afirman, se aumentará la morosidad a muy corto plazo ocasionando un déficit financiero estructural. Solicitan además modificar la duración de los contratos concesionales para poder asumir las pérdidas ocasionadas por la disminución del consumo que creen que se producirá por la crisis sanitaria.

Exigencias “inadmisibles”

Desde la Red Agua Pública integrada y apoyada a su vez por numerosos colectivos sociales, señalan que las exigencias de AGA, además de no aportar datos, no tienen en cuenta que las medidas de los decretos ley emitidos en relación al suministro de agua son circunstanciales mientras dure la pandemia.

En opinión de la Red, el “lobby empresarial del agua” pretendería aprovechar la crisis sanitaria “para pedir modificaciones legislativas, que afectan a la Ley de Contratos del Sector Público, no avaladas por datos sino tan solo por expectativas, evadiendo la transferencia de riesgos que está implícita en los contratos de concesión”.

Obligación de garantizar el acceso al agua

Los decretos ley aprobados por el gobierno español (a 17 y 31 de marzo) que recogen las medidas extraordinarias en el ámbito económico y social para hacer frente a la crisis sanitaria motivada por coronavirus, señalan específicamente la garantía del suministro de los servicios públicos de agua.

Recuerdan desde la Red Agua Pública que en el primer decreto ley (8/2020), se establecía la obligación de garantizar el acceso al agua a los colectivos con la condición de vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, mientras que en el segundo (11/2020), la obligación se ampliaba al conjunto de los hogares, mientras dure el estado de alarma, dado que la condición de vulnerabilidad es previsible que se amplíe sustancialmente.

“Estas medidas son coherentes con el derecho humano al agua, que establece la obligación de disponer un suministro continuo y la prohibición de cortes por motivos de vulnerabilidad económica o social. Además, en plena crisis sanitaria, se pone de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud”.

Reclamaciones de la Red Agua Pública

En el contexto de crisis sanitaria, y ante la actitud de AGA, la Red Agua Pública resume sus reivindicaciones en cuatro puntos:

  • Suprimir las vigentes limitaciones y condicionalidades a la gestión y financiación pública de los servicios de agua previstos en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como paso previo a su derogación. Establecer nuevos enfoques y líneas de financiación que favorezcan la gestión pública de estos servicios públicos esenciales vinculados a derechos humanos.
  • Dotar de financiación suficiente a todos los servicios públicos, en particular la sanidad y los servicios de agua, intrínsecamente relacionados al tener ambos la consideración de derechos humanos y, como se pone continuamente en evidencia durante la pandemia, ser garantes del mantenimiento de la salud humana.
  • Facilitar procesos de remunicipalización que asuman la gestión no lucrativa, pública, transparente y con rendición de cuentas acorde con el paradigma definido por el marco conceptual del derecho humano al agua.
  • Tras diez años del reconocimiento del derecho humano al agua por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, es necesario reconocerlo y regularlo formalmente, con objeto de que no se manipule su alcance y contenido en relación con sus criterios y principios definitorios, y específicamente los relativos a la no discriminación, universalidad, asequibilidad y disponibilidad, con la expresa prohibición de cortes de suministro.