Continúan las movilizaciones para la protección del lobo

Frente a los incumplimientos y la “rebeldía” de las administraciones.

“El furtivismo ha vuelto a campar a sus anchas en la Serra do Barbanza a finales del año 2021, esta vez de forma más grave, por afectar a más ejemplares de lobo. El furtivismo también campa en parques naturales de Galicia, como el Parque Natural das Fragas do Eume”. Son denuncias a marzo de 2022 de la Asociación Ambiental Petón do Lobo, que reclama a la Xunta de Galicia que persiga la caza furtiva de lobos.

La asociación cita casos concretos como el de enero de 2021, cuando un lobo apareció muerto a tiros en Monte Penedo (A Estrada), durante una batida de caza de jabalís, presuntamente abatido por ser confundido con un zorro, según argumentación recogida en las diligencias realizadas, archivadas por el juzgado local. También fueron archivadas las diligencias previas relativas a la muerte de otro lobo durante el mismo año en los Montes de Requeixo (Chandrexa de Queixa), no siendo posible identificar al furtuvo en este caso.

Sobre estas líneas puede verse a Lilas, la loba de Seavia (Coristanco), muerta a manos de un furtivo en 2018, caso que marcó el principio de una creciente concienciación sobre el desafío de la protección del lobo en la zona. En la web valfluvialdolouridocorcoesto.com, puede descargarse un modelo de documento para solicitar a la administración medidas efectivas.

Reclaman protección efectiva contra la caza de lobos

Desde Ecologistas en Acción recuerdan que la orden de protección del lobo (Orden del Ministerio para la Transición Ecológica RED/980/2021 de 20 de septiembre) supuso un gran avance para la conservación de esta especie y de la biodiversidad en general. “Si bien las Comunidades Autónomas (CCAA) de Cantabria, Principado de Asturias, Galicia y Castilla y León, y diversas asociaciones ganaderas, la han recurrido ante la Audiencia Nacional, la orden de protección del lobo está plenamente vigente”, subrayan.

“A pesar de ello, las citadas CCAA continúan en rebeldía y no cumplen con la orden”, lamentan desde el colectivo. “Un ejemplo es Castilla y León: según ha informado Asaja, se están negando a tramitar las correspondientes indemnizaciones a los ganaderos por ataques de lobos”, algo que Ecologistas en Acción considera irresponsable. “Otro ejemplo, esta vez en Galicia, es la existencia de una red de caza ilegal que envenena lobos, y que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil está investigando en este territorio”, informan.

Perseguir la caza ilegal y sensibilizar sobre la importancia de la especie

“Las CCAA deberían estar trabajando en las consecuencias legales de la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE)”, reclaman, citando que deberían hacer una evaluación periódica del estado de conservación del lobo, tal y como establece el art 56.3 de la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad. Y, especialmente, deberían adoptar medidas para evitar que se produzcan actuaciones con el propósito de dar muerte, capturar o molestar al lobo, como establece el art. 57.b) de la misma ley.

La obligación de las administraciones autonómicas es colaborar con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la realización de estudios científicos sobre la situación de la población lobera y sus diferentes grupos reproductores, destinar parte de sus presupuestos autonómicos a apoyar la ganadería extensiva, facilitando ayudas para fomentar la coexistencia del lobo y la ganadería, y pagando con más rapidez los posibles daños que se produzcan por los ataques del lobo al ganado, sin la necesidad de contratar seguros privados. “También es necesario perseguir la caza ilegal de lobos y poner en marcha campañas de sensibilización sobre la importancia ecológica de esta especie”. Además, Ecologistas en Acción insta a las CCAA a que dejen de bloquear la aprobación de la ‘Estrategia para la convivencia de las actividades en el medio rural con el lobo y su conservación’.

Ecologistas en Acción considera que, dado que el proceso judicial se presume largo y con pocas esperanzas para las pretensiones de las CCAA, estas deberían estar ya aplicando la normativa vigente en lugar de gastar dinero público con estos estériles procesos judiciales.