Ocho años después la ONU hace responsable al Estado paraguayo por la ausencia de controles a las empresas.
En 2011 un amplio grupo de personas resultaron intoxicadas, muriendo al menos una de ellas, en una aldea de Paraguay anexa a una zona de cultivo de soja transgénica. Naciones Unidas subraya ahora que detrás de este grave suceso están Las fumigaciones masivas con agrotóxicos en la región. Esta práctica, admite la ONU, ha tenido graves impactos en las condiciones de vida de las víctimas, en su salud y medios de subsistencia.
Las víctimas son trabajadores rurales de una misma familia, dedicados a la agricultura familiar en el Departamento de Canindeyú, zona de mayor expansión del agro-negocio y monocultivo extensivo y mecanizado de semillas de soja genéticamente modificadas. Las fumigaciones contaminaron los recursos hídricos y acuíferos, impidiendo el uso de arroyos, y causaron la pérdida de árboles frutales, la muerte de varios animales de cría, y la pérdida de cultivos. Las víctimas han padecido de varios síntomas, como náuseas, mareos, dolores de cabeza, fiebre, dolor estomacal, vómito, diarrea, tos y lesiones en la piel.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU publica este mes de agosto, ocho años después de la denuncia, un dictamen al respecto. El documento insta a Paraguay a sancionar a todos los responsables, reparar integralmente a las víctimas y publicar el dictamen en un diario de amplia circulación. Hay que recordar que el Comité de Derechos Humanos es un órgano independiente compuesto por 18 expertos internacionales en derechos humanos.
Resolución histórica en pro de una vida digna frente a la contaminación ambiental
«Este es un dictamen histórico a favor del reconocimiento del vínculo entre los daños severos al medio ambiente y el disfrute de derechos fundamentales, civiles y políticos. Cientos de casos similares en todo el mundo podrían ser sometidos a nuestra consideración. Alentamos profundamente a los Estados a proteger el derecho a la vida entendido como el derecho de disfrutar de una vida digna frente a la contaminación ambiental”, ha declarado Hélène Tigroudja, miembro del Comité.
El Tribunal señaló que, al no cumplir con su obligación de proteger, el Ministerio de Ambiente y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas de Paraguay permitieron que se produjeran graves daños. «El Estado no ha cumplido con su obligación o deber de proteger los derechos constitucionales a la salud, a la integridad física y psíquica, a la calidad de vida, y a vivir en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado”. El Tribunal ordenó a ambas instituciones «proteger los recursos ambientales y garantizar que se cumpla la franja de protección entre la zona de aplicación de productos fitosanitarios de uso agrícola y los asentamientos humanos […] y cursos de agua».
Esta recomendación nunca se implementó. Las fumigaciones han continuado sin ninguna medida de protección ambiental, denuncia Naciones Unidas. De hecho, los productores de soja cercanos a la vivienda de las víctimas siguen aplicando masivamente agroquímicos sin licencias ambientales.
Se presentó una denuncia penal y se tomaron muestras del agua del pozo de uso doméstico de la vivienda de las víctimas. Los resultados arrojaron la presencia de agroquímicos prohibidos. Más de ocho años después de los hechos, las investigaciones no han avanzado sustantivamente y no han permitido establecer responsabilidades penales ni reparar a las víctimas por los daños sufridos.
La ONU denuncia la total impunidad de las explotaciones de soja transgénica
La Colonia está ubicada en una de las zonas de mayor expansión del agro-negocio, rodeada por antiguas haciendas ganaderas. Éstas, desde aproximadamente 2005, se dedican al monocultivo extensivo y mecanizado de semillas de soja genéticamente modificadas.
El domicilio de los afectados colinda con explotaciones agrícolas. Dichas explotaciones, que fumigan masivamente mediante lanzamiento de agro-tóxicos desde tractores y avionetas, «sistemáticamente incumplieron la normativa ambiental de derecho interno», recoge el dictamen. En particular, se sembraron los cultivos de soja hasta los bordes de los caminos públicos, violando las normativas públicas.
Las explotaciones agrícolas tampoco respetan la obligación de dejar un margen mínimo de 100 metros alrededor de ríos, arroyos, nacientes y lagos. La investigación ha encontrado que incluso lavan sus tanques con agro-tóxicos en los arroyos.
