Las más recientes estadísticas muestran el camino a la marginalidad de estas prácticas.
Ver como se tortura a un animal dentro de una plaza ha dejado de ser considerado espectáculo por mucha gente en los últimos años. La reciente estadística publicada por el Ministerio de Cultura sobre «asuntos taurinos» ofrece datos demoledores para el sector. A 2019 sólo se registraban un total de 1.425 eventos de este tipo en plaza. Pueden parecer mucho, pero hace menos de quince años, en 2007 todavía se cerraba el año sumando 3.651. Es decir, el descenso es de un 61%.
La Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (Avatma) nos ofrece un pormenorizado análisis de esos datos, donde vemos otras cifras muy significativas. El área geográfica líder en matanzas de toros en aquel entonces, Castilla-La Mancha, celebraba entonces 885 «festejos» de ese tipo y el último año celebró apenas 314, es decir, un descenso del 64,6%. El desplome fue mayor en Andalucía, la comunidad que en número total de eventos ha liderado la clasificación durante las últimas décadas, con un descenso en este caso del 72,4%, hasta solamente 209 matanzas de toros en plaza. Y la tendencia a una acelerada disminución es similar en el resto de comunidades donde estos eventos aún tienen presencia relevante: descenso del 47% en Castilla y León, del 63,3% en Extremadura, del 51% en la Comunidad de Madrid, del 74% en la Comunidad Valenciana o del 73% en Murcia.
Al norte de la península estos eventos son ya prácticamente anecdóticos y van camino de la total desaparición. Galicia, Asturias, Cantabria o La Rioja ya acogen menos de media docena al año en todos los casos, en Cataluña la ILP de 2012 los eliminó por completo y Euskadi y Navarra, aún siendo las áreas donde más matanzas se celebran en el norte peninsular, han visto descensos del 66 y 43% respectivamente en el mencionado período.
Más toreros y con menos trabajo que nunca
Desde la Asociación Anima Naturalis se felicitan también por el «descenso imparable» de la tauromaquia «en todos sus formatos: desde las corridas de toros hasta las fiestas populares en los pueblos, que disminuyeron en un 5% respecto al año anterior».
Comentan también desde este colectivo la paradoja de que aumenten los profesionales taurinos inscritos, sumando 9.993 inscritos, la cifra más alta jamás registrada. Aunque es una cifra con matices: si bien hay muchos inscritos, apenas un 18% de los toreros han tenido trabajo en 2019, sólo un 17% de los rejoneadores y apenas el 4% de los novilleros. De forma paralela, solamente el 26% de las ganaderías de lidia han vendido algún animal en ese ejercicio.
Desde Anima Naturalis refieren que algunas de esas cifras, así como los números relativos al insólito número y crecimiento de las escuelas taurinas, se deberían a un contexto artificial, determinado porque estas actividades «están fuertemente subvencionadas por las distintas administraciones. Ayuntamientos, Diputaciones provinciales y Comunidades Autónomas» que «reparten generosas cuantías de dinero público para fomentar la tauromaquia entre los más jóvenes».
Descenso imparable
«La tauromaquia sigue un descenso imparable en todos sus formatos: desde las corridas de toros hasta las fiestas populares en los pueblos», señala José Enrique Zaldívar Laguía, presidente de AVATMA. En su opinión los resultados demuestran, un año más, «que la actividad taurina debe desaparecer». «El primer paso es que la tauromaquia deje de ser considerada Patrimonio Cultural, una calificación que obtuvo en el año 2013, gracias a la mayoría parlamentaria del Partido Popular, a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que estuvo envuelta en numerosas irregularidades y que se debatió en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados», destaca el presidente de Avatma.
«De nada sirve que desde el sector taurino se recurra a cifras económicas de dudosa credibilidad porque se trata, sin duda alguna, de espectáculos violentos en los que el maltrato es evidente, basados en provocar dolor y miedo en los animales que intervienen en ellos. La misma excepción que se hace de los espectáculos taurinos en todas las leyes de protección animal de nuestras comunidades autónomas y en el Código Penal, corrobora esta afirmación. Su legalidad no puede ni debe servir para justificarlos».
