«Los ciudadanos confían en la UE para un verdadero Pacto Verde, pero falsificar los libros no nos llevará a eso. Fingir el gasto climático no resolverá la crisis climática, pero socavará seriamente la credibilidad de la UE. En su lugar, los líderes deben destinar dinero real al gasto en clima y biodiversidad y poner condiciones reales a todos los subsidios agrícolas para proteger el medio ambiente y las futuras generaciones de agricultores». De esta forma se lo reprochaba Harriet Bradley, experta en Política Agrícola de la UE de BirdLife Europa, a la Comisión Europea.
Un reproche que tiene su origen en un estudio que revelaría que la política insignia de la UE en materia de gasto climático, la Política Agrícola Común, «se basa en una contabilidad dudosa». Se trata de un informe elaborado por NABU/BirdLife Alemania y el Instituto para la Política Ambiental Europea (IEEP), cuya conclusión es que hay mucho menos gasto climático en la actual propuesta de una nueva política agrícola de la UE de lo que afirma la Comisión Europea.
En lugar de destinar nuevos fondos directamente a la acción climática (es decir, a planes que reduzcan las emisiones de la agricultura), el objetivo se refiere a una estimación de la cantidad de fondos existentes que puede contabilizarse como gasto climático. De esta forma, se estarían maquillando las cifras reales respecto al presunto destino de fondos europeos a acción climática.
Truco contable de la UE para fingir compromiso climático
Los pagos directos son una parte significativa del presupuesto de la UE, por lo que si se asume que el 40% de ellos son una medida climática, la UE se acercará en un tercio al objetivo del 25% para la acción climática, sin tener que financiar ninguna medida real de reducción de emisiones de GEI. Ni los Ministros de Agricultura del Consejo de la UE ni el Comité de Agricultura del Parlamento de la UE han cuestionado este enfoque.
Los autores del informe señalan que como la aplicación está en gran medida en manos de los Estados miembros, es imposible decir si los agricultores estarán realmente sujetos a normas climáticas más estrictas. Por último, no hay ninguna disposición que permita comprobar si el dinero gastado reduce realmente las emisiones. Con este enfoque, la UE acabará gastando mucho menos en medidas climáticas reales, mientras que sobre el papel seguirían alcanzando el objetivo del 25%.