Denuncian «usurpación de tierras» y piden participación pública en los beneficios eólicos

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Decenas de colectivos firman en Galicia el manifiesto «Aldeas con horizonte».

Imagen de Manuel de la Fuente en Pixabay

«Tal y como está concebida, la implantación masiva de parques eólicos en Galicia no está respondiendo a un proceso ordenado y planificado de transición ecológica y carece de estrategia para conseguir la descarbonización de la economía gallega y reducir la dependencia de Galicia de las energías fósiles». Así lo expone el llamado manifiesto «Aldeas con horizonte» en el primero de los quince principios que propone.

El documento comienza criticando que el actual proceso utiliza la transición ecológica como instrumento de «lavado verde de las espurias intenciones de las compañías eléctricas, que no son otras que engordar sus beneficios y conquistar para su particular beneficio gran parte de nuestro territorio». «A falta de un plan eólico enmarcado en la transición ecológica, se está permitiendo además que las grandes industrias contaminantes de Galicia se reconviertan al negocio eólico sin haber reparado previamente su deuda ecológica ni ofrecer alternativas al impacto social generado», exponen.

«Codicia del lobby energético»

Son en total más de medio centenar de colectivos gallegos del ámbito ecologista, sindical, vecinal o cultural (la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza – Adega, Ecoloxistas en Acción, Amigos da Terra, Rede Galega por un Rural Vivo, etc) los que promueven y firman este manifiesto bajo el lema «Aldeas con horizonte». Un documento que propone una moratoria para nuevos parques eólicos, la revisión de los ya aprobados en los que exista conflicto social o ambiental y la elaboración de un nuevo marco normativo más ordenado, sostenible, participativo, racional y justo.

«Desde finales de 2019, los gobiernos de Galicia y España tramitan en conjunto un total de unos 75 mega parques eólicos, además de los 180 ya en funcionamiento, y que serán aprobados por emergencia y sin límite, con la idea de alcanzar los 5000 MW de capacidad instalada en 2020. Sin embargo, la codicia del lobby energético en Galicia no tiene límite y apunta a duplicar la capacidad instalada para 2030, ampliando las áreas de expansión eólica a valles, humedales, primer litoral e incluso cerca de poblaciones, junto a nuestras casas», denuncia el manifiesto.

Beneficio público

Acusan a las administraciones de permitir que los proyectos eólicos no dejaen «ningún beneficio social o económico en las comunidades rurales en las que tienen su sede». Para superar este obstáculo, «es necesario apostar por proyectos de desarrollo eólico de iniciativa pública, orientados a garantizar el acceso a la energía a la sociedad civil y gestionar el recurso energético de forma racional y equitativa, y bajo criterios de sostenibilidad y justicia social», reclaman.

Los quince puntos del manifiesto exponen las siguientes propuestas:

1. Planificación eólica para una transición ecológica ordenada y justa.
2. Democratización y soberanía energética.
3. Ahorro, eficiencia y autosuficiencia energética.
4. Repotenciación frente a nuevas instalaciones.
5. Promoción del autoconsumo y la producción a pequeña escala.
6. Iniciativa pública y comunidades energéticas ante la privatización de beneficios.
7. Concesiones públicas versus autorizaciones administrativas.
8. Expropiación de tierras como último recurso.
9. Consulta pública real y efectiva.
10. Fuertes sanciones contra la fragmentación de proyectos.
11. Compatibilidad con la normativa vigente en materia medioambiental, patrimonial y paisajística.
12. Nuevas zonas de exclusión y plan de eliminación progresiva en Red Natura.
13. Mayores distancias a los núcleos de población.
14. Asesoramiento y mediación regulada frente a contratos abusivos.
15. Exclusión de empresas de dudosa reputación.

El manifiesto «Aldeas con Horizonte» está abierto a nuevas adhesiones de entidades en el correo electrónico redegalegaporunruralvivo@gmail.com

En breve abrirán además en la plataforma Change.org una petición específica dirigida a la Xunta de Galicia para que la ciudadanía pueda firmar directamente su adhesión.

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