La llegada del gobierno Bolsonaro provoca un aumento inédito de la deforestación en Brasil… y todavía será peor.
El desembarco del nuevo gobierno en Brasil de Jair Bolsonaro no sólo ha llegado envuelto en exabruptos variados por parte de los representantes del nuevo ejecutivo respecto a temas diversos. Las decisiones prácticas respecto a la explotación económica de la Amazonía ya están dejando ver la amenaza que enfrenta. Suavización de controles, suspensión de la demarcación de las tierras indígenas, licencias gratuítas para actividades ilegales de tala, agricultura y minería en tierras que antes estaban protegidas, etc. Las labores de inspección de la agencia de control gubernamental se han reducido un 70% y su actividad sancionadora está en mínimos. Paradojicamente, Bolsonaro ha nombrado un ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, que había sido condenado por fraude ambiental. Y que, hasta su nombramiento, no había siquiera pisado la Amazonía.
Alarmantes datos
Según datos de la propia agencia gubernamental de control, la Amazonia brasileña, que es un suministrador vital de oxígeno y retención de carbono para el planeta, perdió unos 739 kilómetros cuadrados en mayo. Esto equivale a dos campos de fútbol por minuto. A eso se suma una pérdida de más de 2.167 kilómetros cuadrados entre agosto y abril (en comparación con los 1.807 kilómetros cuadrados perdidos durante el mismo período del 2018). Una de las medidas que ha anunciado Salles es, precisamente, privatizar este sistema de control.
Los informes de Greenpeace indican que la selva ha perdido un 18% de su territorio en cuatro décadas. Los sucesivos gobiernos de Lula da Silva y Dilma Roussef supusieron un cambio de discurso. Una tendencia esperanzadora en lo que había sido una desoladora evolución durante el siglo pasado.
Temor a que se agrave la tendencia
Los defensores del medio ambiente temen que las tendencias se aceleren a medida que el gobierno de Bolsonaro continúe actuando a favor de los intereses de la minería y la agricultura industrial. Las empresas mineras y agrícolas industriales brasileñas han gozado de total libertad para expandir sus explotaciones en la Amazonía y en las áreas protegidas incluídas las reservas indígenas que han dejado de ser delimitadas desde que Bolsonaro llegó al poder en enero.
Bolsonaro y sus funcionarios sostienen que las leyes ambientales, los grupos activistas y los pueblos indígenas son los responsables de obstaculizar el potencial económico de Brasil. La llegada de la extrema derecha al poder en Brasil ha oficializado discursos y políticas que niegan la realidad. La selva tropical de 2 millones de km cuadrados es un depósito vital de dióxido de carbono y juega un papel crucial en la lucha contra el cambio climático. La Amazonía es también el hogar de 10 por ciento de todas las especies de plantas y animales conocidas.
Y el futuro de la Amazonía no es muy halagüeño. El senador Flavio Bolsonaro, hijo del mandatario, ha declarado que Brasil es “víctima de un movimiento ambientalista radical, fundamentalista e irracional”. Y ha cargado contra lo que califica de infundadas reclamaciones ecológicas “fabricadas por europeos, norteamericanos y canadienses”. En la mesa un proyecto de ley que abrirá una inmensa zona del país a la explotación minera. Al respecto, también desoladoramente claras las palabras del general Augusto Heleno Pereira, uno de los más antiguos asesores de Bolsonaro. “No acepto esta idea de que el Amazonas es patrimonio de la humanidad…. Esto es una tontería. El Amazonas es brasileño”.
