Líderes de medio centenar de comunidades indígenas brasileñas se han dirigido en una carta abierta al Congreso brasileño, alzando su voz contra el proyecto de ley con el que el ejecutivo de Jair Bolsonaro abre las puertas a la masiva explotación de los ecosistemas amazónicos. Las tierras hoy protegidas dejarán pronto de serlo para dejar paso a las empresas que podrán explotar los codiciados recursos minerales que alberga la selva. Al tiempo, se avanzará en la permisividad para grandes explotaciones hidroeléctricas y para la agricultura intensiva, arrasando grandes superficies.
Recordamos que aunque esta nueva legislación no ha pasado todavía los correspondientes trámites parlamentarios antes de poder entrar en vigor, el Amazonas ya vive uno de sus peores momentos, con una pérdida récord de cobertura vegetal durante el último año. Al tiempo, denuncian las comunidades indígenas que terratenientes y mineros, envalentonados por la retórica favorable del actual gobierno Bolsonaro, están detrás de los múltiples episodios violentos y muertes en las áreas indígenas.
Irónicamente, el gobierno brasileño argumenta en favor de sus planes que el proyecto supondrá un punto de inflexión equivalente a las leyes que a finales del siglo XIX abolieron la esclavitud en Brasil. Justifica sus iniciativas el gabinete de Bolsonaro esgrimiendo que las comunidades indígenas, que no tendrán ningún tipo de capacidad de veto sobre los proyectos, podrán beneficiarse económicamente de la explotación de la selva. Argumentos que en modo alguno convencen a las comunidades. «Esto traerá muerte, enfermedades, miseria y destruirá el futuro de nuestros hijos», ha declarado la conocida activista indígena Sonia Guajajara.
