La Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA) ha denunciado lo sucedido durante la noche del sábado al domingo 15 de septiembre en la localidad de Valmala, en Burgos, cuando se descerrajaron dos disparos de escopeta contra la ventana de la casa donde reside un Agente Medioambiental de la Junta de Castilla y León con su familia. En la vivienda dormían en ese momento dos menores de edad.
Para AEAFMA no hay duda de que lo sucedido ha sido un intento de atentar y amenazar gravemente a dicho funcionario y agente de la autoridad como consecuencia directa del ejercicio de sus funciones de policía y custodia del patrimonio medioambiental. Además de la denuncia de los hechos ante la Guardia Civil, la policía judicial ya ha recabado pruebas y han comenzado las investigaciones. El autor de los disparos podría enfrentar una condena de hasta cuatro años de cárcel.
Nuevo ejemplo de las amenazas y agresiones que sufren los agentes ambientales
Desde APAMCYL (Asociación Sindical de Agentes Medioambientales de Castilla y León), recuerdan las exigencias a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente sobre la seguridad de los Agentes Medioambientales, que en los últimos años, desde que se ha ido paulatinamente retirando las armas y medios de defensa, y se ha establecido un penoso protocolo de seguridad desde la Junta de Castilla y León, se están produciendo cada vez más hechos contra la integridad física de estos funcionarios, lo que demuestra que no solo no funciona el citado procedimiento, sino que se están incrementando las agresiones.
Las agresiones y amenazas a estos agentes son un creciente problema no sólo en Castilla y León, sino en todo el territorio estatal. El caso reciente más grave se producía hace algo más de dos años, en enero de 2017, cundo un cazador asesinaba en Lleida a Xavier Ribes y David Iglesias, dos Agents Rurals catalanes de protección ambiental. «Durante todo este tiempo hemos dado a conocer el mapa de las agresiones que se van contabilizando según trascurre el tiempo. Crisis de ansiedad, golpes, insultos, hachazos, amenazas… Son demasiadas agresiones y poca seguridad para un colectivo que tiene que hacer frente a situaciones complicadas con gente armada», reclaman desde el colectivo. «Pedimos justicia y soluciones. Mientras tanto, hemos de lamentar la pérdida de dos compañeros que podría haberse evitado», denuncian
Precisamente, con motivo del segundo aniversario de este asesinato, AEAFMA hacía un repaso de las medidas tomadas por las administraciones para mejorar la seguridad de los agentes ambientales. En esa altura, 12 comunidades autónomas, pese a las reclamaciones, no habían tomado ninguna decisión ni medida al respecto (Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía, Euskadi, La Rioja, Murcia, Asturias, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Baleares). El resto, muy poco: en Navarra y Castilla León se introdujo el trabajo en parejas durante la temporada de caza; en Cataluña el arma larga, chaleco y formación; y en Extremadura y Aragón existen borradores de medidas sin aprobar. A mayores, denuncian que en La Rioja, además de ignorar las peticiones y no salir adelante el proyecto de ley para el cuerpo de agentes, se les han retirado las armas cortas que tenían.