«La lucha contra la corrupción está profundamente arraigada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que tiene como objetivo proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces y responsables a todos los niveles». Lo explicaba a finales de agosto Mirella Dummar-Frahi, líder del Equipo de la Sociedad Civil en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Fue durante la Conferencia de la Sociedad Civil de la ONU en Salt Lake City, Utah. Recordemos que el lema de este foro fue este año «Construyendo ciudades y comunidades más inclusivas y sostenibles».
En una entrevista con el propio servicio de noticias de Naciones Unidas, Dummar-Frahi indicó que el combate a la corrupción es clave para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Un objetivo de construcción de un futuro sostenible para el planeta que, en opinión de la alta funcionaria de la ONU requiere de una mayor cooperación, operaciones conjuntas y asistencia legal mutua entre los gobiernos. Una estrategia de lucha frente a la corrupción que necesariamente debe incluír la participación de la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones internacionales.
El éxito en la consecución de este objetivo se mide por la reducción anual de la proporción de empresas y personas que pagaron o se les pidió que pagaran un soborno a un funcionario público. Estas prácticas son exageradamente comunes en muchos países. No obstante, Dummar-Frahi se mostró optimista, considerando que muchos gobiernos han hecho grandes progresos en este aspecto en los últimos años, «mejorando regulaciones y legislación anticorrupción». En ese sentido destacó el papel de la Convención contra la corrupción (UNCAC) impulsada por Naciones Unidas.
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es el único instrumento anticorrupción universal legalmente vinculante. Tiene un enfoque de largo alcance y muchas de sus disposiciones tiene carácter obligatorio. Esto la convierte en una herramienta única para desarrollar una respuesta integral a este problema global.
La Convención abarca cinco áreas principales. Medidas preventivas, penalización y aplicación de la ley, cooperación internacional, recuperación de activos y asistencia técnica e intercambio de información. La Convención cubre muchas formas diferentes de corrupción. Por ejemplo, el soborno, el intercambio de influencias y el abuso de funciones. También varios tipos de actos de corrupción en el sector privado.
Un aspecto destacado de la Convención es la inclusión de un capítulo específico sobre recuperación de activos. Está destinado a devolver los activos a sus legítimos propietarios, incluidos los países de los que fueron tomados ilícitamente. La gran mayoría de los Estados Miembros de las Naciones Unidas son partes en la Convención.