Oxfam propone algunas claves a considerar: un plan de rescate económico universal o la cancelación inmediata del pago de la deuda externa de los países en desarrollo por valor de un billón de dólares.
Más de la mitad de la población mundial podría vivir en condiciones de pobreza tras la pandemia. Estaríamos hablando de un histórico retroceso de una década en la lucha contra la pobreza, y de hasta 30 años en algunas regiones, como África y Oriente Próximo. A petición de Oxfam Intermón, investigadores del Kings College London y la Universidad Nacional de Australia han realizado un análisis cuyos datos conocemos ahora a través del informe de la organización, titulado Elijamos dignidad, no indigencia.
El pronóstico a nivel mundial es dramático y, frente a las reuniones que mantendrán en breve diferentes instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un lado y los ministros de Finanzas del G20 por otro, la organización pide a los líderes mundiales que acuerden un plan de rescate económico universal para mantener a flote a países y colectivos pobres.
Proteger a las personas frente a las consecuencias económicas que se avecinan
Oxfam habla de un plan de rescate económico universal que permitiría a los países pobres proporcionar subvenciones en efectivo a todas las personas que hayan perdido su fuente de ingresos como resultado de la pandemia, así como rescatar a los pequeños negocios, que son más vulnerables.
Con este objetivo, los técnicos de Oxfam proponen por ejemplo la cancelación inmediata en 2020 del pago de la deuda externa de los países en desarrollo por valor de un billón de dólares. Al hilo de esta propuesta ejemplifican con un caso práctico: tomemos la situación de Ghana, donde la cancelación del pago de la deuda externa en 2020 permitiría al país conceder una subvención de 20 dólares al mes a cada uno de los 16 millones de niños y niñas, personas con discapacidad y personas mayores que hay en el país durante un período de seis meses.
O por ejemplo, la movilización de al menos un billón de dólares en nuevos activos de reserva internacional, denominados derechos especiales de giro, para aumentar drásticamente los fondos disponibles para los países. Esta medida permitiría al Gobierno de Etiopía tener acceso a 630 millones de dólares adicionales, cantidad suficiente para aumentar su gasto en salud en un 45%.
Sólo una de cada cuatro personas desempleadas en el mundo tiene acceso a prestaciones por desempleo
Dos mil millones de personas trabajan en el sector informal, sin acceso a licencias por enfermedad, sobre todo en los países en desarrollo, donde el 90% de los empleos son informales, frente al 18% en los países ricos. Las mujeres están en la primera línea de la respuesta al coronavirus y tienen más probabilidades de ser las más perjudicadas económicamente. Constituyen el 70% de la fuerza laboral en el sector de la salud en el mundo, y se ocupan del 75% del trabajo de cuidados no remunerado, lo que incluye el cuidado de los hijos e hijas, de las personas enfermas y de las personas mayores. A su vez, las mujeres tienen más probabilidades de tener empleos precarios y mal remunerados, que además son los más amenazados por la crisis.
Más de un millón de personas que trabajan en el sector textil en Bangladesh (de los que el 80% son mujeres) han sido despedidas o se les ha pedido que se queden en casa sin recibir ninguna remuneración después de que las marcas de ropa de los países occidentales hayan cancelado o suspendido sus pedidos.
Naciones Unidas estima que la crisis podría destruir cerca de la mitad de los empleos en África. Es el caso de Micah Olywang, taxista y padre de tres hijos, que no ha tenido ningún cliente desde el cierre del aeropuerto, los bares y los restaurantes. «Este virus nos matará de hambre antes de enfermarnos», se lamenta.
Lecciones de crisis anteriores
«Los Gobiernos deben aprender las lecciones de la crisis financiera global de 2008, cuando se rescató a los bancos y las grandes empresas a costa del resto de la ciudadanía, que tuvo que asumir la destrucción de puestos de trabajo, la congelación de los salarios y enormes recortes a servicios básicos como la atención médica. Los paquetes de estímulo económico deben apoyar a las trabajadoras y trabajadores y a las pequeñas empresas, y los rescates a las grandes empresas deberán estar sujetos a que tomen medidas para contribuir a unas economías más justas y sostenibles», explica José María Vera, de Oxfam.
Para movilizar los 2,5 billones de dólares que las Naciones Unidas estiman necesarios para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a la pandemia, también sería necesario aumentar la dotación de la ayuda internacional con 500.000 millones de dólares adicionales. Esto incluye los 160.000 millones que Oxfam Intermón considera necesarios para reforzar los sistemas de salud pública de los países pobres, y los 2.000 millones para el fondo humanitario de las Naciones Unidas. Podrían movilizarse recursos adicionales a través de la aplicación de medidas fiscales solidarias de emergencia como la aplicación de impuestos sobre beneficios extraordinarios o sobre las fortunas de las personas más ricas del mundo.
