La protección y el fomento de los caminos públicos y sendas está relacionada con la defensa del medioambiente y la sensibilización en valores naturales, culturales relacionados con el uso público del medio.
La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) viene defendiendo, junto con otros colectivos sociales y ambientales como Ecologistas en Acción o la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME).
Día Estatal de Caminos y Vías Pecuarias
Como parte de esta reivindicación, en 2019 se celebró el primer Día Estatal de las Vías Pecuarias. Miles de personas salieron a las vías pecuarias reivindicando su conservación y uso para el paso de ganado y personas. Se respondía así a la convocatoria de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, Ecologistas en Acción y decenas de asociaciones de senderistas, ganaderos, ciclistas, ecologistas, vecinales y clubs deportivos. Los ganaderos sacaron sus rebaños a cañadas, cordeles y veredas en defensa de su uso prioritario para los rebaños en extensivo.
La gran respuesta social animó a volver a convocar el Día de las Vías Pecuarias, pero la pandemia obligó a aplazar el evento. En esta año se amplía la convocatoria a la defensa de los caminos públicos, entendiendo que vías pecuarias y caminos están unidos de forma indisoluble y forman parte de la misma red territorial siendo una parte esencial de nuestro patrimonio en peligro de destrucción.
Movilización frente a apropiaciones ilegales y cierre de caminos
La red de caminos y vías pecuarias, con miles de kilómetros de longitud, forman uno de los grandes patrimonios de dominio público que tenemos. Pese a ello, en los últimos años se producen apropiaciones ilegales, cierre de caminos y usurpaciones de vías pecuarias ante la desidia, cuando no complicidad de las administraciones autonómicas.
La Ley es clara y protege caminos y cañadas, pero la mayoría de los caminos vecinales siguen sin inventariarse, ni protegerse. Desaprensivos aprovechan la falta de vigilancia en las vías pecuarias para estrecharlas o directamente apropiárselas con cualquier pretexto, sea un coto de caza o una teórica falta de uso.
Los caminos públicos y vías pecuarias son esenciales para el desarrollo de la economía rural
Esta red es esencial para nuestra biodiversidad. Por ella las especies se mueven de unas zonas a otras en relativas condiciones de seguridad, generando una riqueza biológica imprescindible a través del intercambio genético de poblaciones. Nuestros rebaños trasterminantes y trashumantes recorren miles de kilómetros mientras sus ovejas transportan en sus intestinos y en su lana centenares de miles de semillas que enriquecen nuestra flora. También la fauna silvestre aprovecha estos históricos caminos para buscar apareamiento, dispersión y alimento.
Si no existieran vías pecuarias y caminos tendríamos que inventarlos para conservar nuestro medio rural. La red de vías pecuarias y caminos públicos es una red alternativa a las carreteras asfaltadas que permite una comunicación entre municipios cercanos y un acercamiento al entorno natural. Supone un extenso corredor ecológico y una vía alternativa en caso de grandes incendios. Hay que extender el uso de rebaños bomberos para hacer un desbroce de nuestros montes, disminuyendo así el riesgo de incendios.
Hay que inventariar los caminos públicos para evitar apropiaciones de propietarios indeseables y poder ponerlos en valor ofertándolos para un acercamiento a nuestros pueblos que permita un ecoturismo de calidad. Los caminos públicos y vías pecuarias son esenciales para el desarrollo de la economía rural y el turismo rural. Son un patrimonio olvidado y dejado a su suerte. Necesitan de un inventario y recuperación, incluyéndolos en el patrimonio municipal y de una puesta en valor para la calidad de vida de vecinos y vecinas. Nuestros pueblos necesitan los caminos para poder defender su propia identidad.
Obligaciones legales por cumplir respecto a los caminos públicos
La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) reclama a las Comunidades Autónomas que cumplan las obligaciones que las leyes les confieren con respecto a las vías pecuarias:
• Aprobar, como dice la ley, aunque 27 años más tarde, con extrema urgencia, la clasificación de las vías pecuarias en los términos municipales en los que aún no exista esta clasificación, sin olvidar abrevaderos, descansaderos, majadas y demás lugares asociados a las mismas.
• Deslindar las vías pecuarias, en especial aquellas en que haya duda sobre su recorrido, estén cerradas o amenazadas de cierre por titulares de fincas colindantes.
• Amojonar todas las vías pecuarias que ya han sido deslindadas.
• Inscribir las vías pecuarias en el Catastro y en el Registro de la Propiedad.
• Recuperar las vías pecuarias que se encuentren usurpadas.
• Conservar las vías pecuarias en estado óptimo, tanto para el uso prioritario, el tránsito ganadero, como para usos complementarios como senderismo, ciclismo o disfrute de la naturaleza.
• Mantener la vigilancia para evitar agresiones a las vías pecuarias como vertederos, circulación de vehículos a motor, roturaciones, etc., y para que desempeñen el papel de corredores ecológicos asignado por la Ley.
• Creación de patronatos o consejos de usuarios de vías pecuarias.
Peticiones a los ayuntamientos sobre caminos públicos
Al respecto de estas cuestiones, hacia los Ayuntamientos, competentes en los caminos públicos, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) exige también que cumplan sus obligaciones:
• Tener un inventario actualizado de todos sus caminos públicos.
• Defender los caminos que estén abiertos, impidiendo que se produzcan cierres.
• Recuperar los caminos que estén cerrados.
• Inscribir los caminos públicos en el Catastro y en el Registro de la Propiedad.
• Conservar los caminos públicos, y tenerlos en buen estado para el disfrute de la naturaleza, teniendo en cuenta los casos en que los valores históricos, ambientales y de un uso para el ocio deban priorizarse sobre el tener los caminos en estado óptimo para el tránsito motorizado.
• Tener en cuenta los caminos públicos cuando se planifiquen infraestructuras o urbanizaciones, para que puedan seguir cumpliendo su función de comunicación no motorizada.
Igualmente, dada la falta de cumplimiento de estas obligaciones por parte de los ayuntamientos, se reclama la aprobación de leyes autonómicas de caminos públicos que faciliten que se haga realidad la protección de los caminos públicos, e incluso una ley estatal que clarifique y organice la situación en su conjunto.
Esta Ley de Caminos Públicos debería resolver las carencias actuales
• El mandato a las administraciones titulares de conservar y recuperar estos caminos, facilitándoles los medios necesarios para cumplir esta obligación. O bien el inventario por parte del Estado o de las comunidades autónomas o la financiación del mismo.
• La potenciación de la acción pública en su defensa y recuperación.
• Creación de un reglamento que aclare, para los casos más habituales, cuáles son las condiciones para que un camino sea declarado público. La antigüedad del camino o su uso público continuado deberían ser pruebas suficientes.
• La obligatoriedad efectiva de que los alcaldes protejan y defiendan sus caminos, con la colaboración necesaria de las administraciones superiores.
• Eliminación del coste para el erario municipal de la inscripción de los caminos en el Catastro y en el Registro de la Propiedad.
• Actualizar el régimen sancionador para disuadir a los desaprensivos de cualquier intento de apropiación indebida de este bien público. Usurpar caminos públicos debe dejar de ser gratis para los ladrones de lo público.
