Insisten en aprovechar los PGE para acabar con la bonificación al diésel

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La bonificación al diésel se concedió, en su día, al suponer que este combustible permitía disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, a día de hoy, está sobradamente probado que, cuando se tiene en cuenta todo su ciclo de vida, los vehículos diésel emiten incluso más GEI que los vehículos movidos con gasolina.

Imagen de David Roumanet en Pixabay

En noviembre de 2020, la inclusión en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de una rebaja en la bonificación que históricamente se ha concedido al gasóleo, ha sido una medida aplaudida por las organizaciones ambientales. No obstante, en pleno debate de los PGE, un socio preferente del gobierno PNV y un partido que podría apoyar los presupuestos, Ciudadanos, han anunciado que condicionan su apoyo a la retirada de esta propuesta.

Por ello, las principales organizaciones ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han solicitado al Gobierno la permanencia de la rebaja de esta subvención a un combustible fósil. Otras organizaciones IDMA, Fundación Renovables, Transport & Environment y la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) se han sumado a esta petición.

El diésel: grave fuente de contaminación

Los vehículos diésel son la principal fuente de contaminación atmosférica en la mayoría de las ciudades: según un informe de la Comisión Europea, los vehículos diésel son responsables del 80 % de los óxidos de nitrógeno procedentes del tráfico rodado.

La contaminación atmosférica, solo en España, causa más de 30.000 muertes prematuras, además de un coste sanitario que la Alianza Europea por la Salud Pública ha cifrado en 3.000 millones de euros anuales.

Un primer paso necesario

Según las organizaciones ambientales, una de las medidas debe ser la reforma fiscal que traslade los costes ambientales de determinadas actividades económicas impactantes o del uso de productos contaminantes, a sus responsables. Además, se debe bonificar la realización de buenas prácticas que conlleven externalidades positivas para el conjunto de la sociedad y ayudar a reducir desequilibrios sociales.

El proyecto de Ley de los PGE del gobierno español incluye una pequeña reforma con la primera rebaja de la bonificación al diésel. Es un primer paso necesario que solo afecta al gasóleo de uso no profesional y que implica una subida no muy notable. Este cambio, sostienen, debe propiciar una fiscalidad ecológica, como medio para incentivar cambios de comportamiento que se consideran positivos desde el punto de vista ambiental.

Fiscalidad ambiental

Es importante recordar que Europa ha pedido en repetidas ocasiones al Estado español que aumente los impuestos ambientales y se acerque a las de los países de nuestro entorno para poder orientar el comportamiento de los agentes económicos y contribuir a la protección del medio ambiente y a la mejora de la justicia social. En términos de porcentaje del PIB, el Estado español ocupa el puesto 24 en el ranking de la fiscalidad ambiental de la UE-27.

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