En plena pandemia ayuda con más de 7.000 millones de euros a industrias como el petróleo y gas.
«El Banco Central Europeo (BCE) y otros bancos centrales deben dejar de inyectar dinero público a las empresas contaminantes. Los activos que el BCE ha comprado como respuesta a la pandemia siguen anclados en el pasado, contribuyendo a agudizar la crisis climática. A medida que esta crisis continúa escalando, no podemos permitirnos más dinero público destinado a los combustibles fósiles. El BCE debe excluir los combustibles fósiles y otros activos intensivos en emisiones de futuras compras y alinear sus políticas económicas con los objetivos del Acuerdo de París». Son declaraciones de Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España, en la víspera de la reunión, el 4 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno del BCE, para analizar una revisión de su estrategia monetaria.
Y es que los datos del análisis realizado por Greenpeace señalan que el BCE, en el marco de su compra entre marzo y mayo de 2020, y en el contexto de la crisis sanitaria, ha comprado bonos corporativos por valor de casi 30.000 millones de euros, incluyendo la inyección de más de 7.600 millones de euros en el sector de los combustibles fósiles. Una compra de bonos de siete de las grandes empresas contaminantes con la que el organismo financiero «ha contribuido a la emisión de 11,2 millones de toneladas equivalentes de CO2 a la atmósfera, una cantidad superior a las emisiones anuales de Luxemburgo».
En detalle, se trataría de 4.400 millones de euros destinados a empresas eléctricas, como EON o Engie y más de 3.200 millones de euros, con una huella de carbono estimada de casi ocho millones de toneladas, destinados a la industria del petróleo y el gas, incluyendo Shell, «una de las empresas más contaminantes del mundo», Repsol, Total y Eni.
Es necesario un cambio de estrategia del BCE
«El programa de compra de activos en curso, lanzado por el BCE en 2014 como respuesta a la crisis del euro, ha demostrado ir en contra de los esfuerzos de la UE por frenar el cambio climático», denuncia Greenpeace. Al hilo, el grupo ecologista solicita que se revise la política monetaria del BCE, incluyendo «la incorporación de los riesgos del cambio climático en la toma de decisiones».